

La Asamblea Legislativa del estado de Río de Janeiro aprobó este martes una ley que otorga primas económicas a agentes de la policía civil por resultados que incluyen la «neutralización de criminales». La medida, que espera la promulgación del gobernador Claudio Castro, ha generado una fuerte polémica y críticas de defensores de derechos humanos por incentivar la letalidad.
El proyecto fue aprobado por amplia mayoría y el gobernador, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, tiene un plazo de 15 días para promulgarlo. La bonificación se incluye en una reforma más amplia de la policía civil, el cuerpo encargado de las investigaciones.
Los detalles de la prima
La nueva legislación establece que los agentes pueden recibir una bonificación extra que va del 10% al 150% de su salario base en dos situaciones principales: cuando confiscan armas de gran calibre o en casos que conduzcan a la «neutralización de criminales». El término «neutralización» es comúnmente utilizado en el ámbito de la seguridad para referirse a la muerte o incapacitación de un sospechoso.
Críticas: “incentivo a la violencia y masacre”
La iniciativa ha sido comparada con una medida similar vigente entre 1995 y 1998, conocida como el «bono del Lejano Oeste», que fue derogada ante el aumento de muertes en operaciones policiales. Distintas voces han manifestado su rechazo.
El diputado federal de izquierda Henrique Vieira calificó la ley en la red social X como una política que «incentiva la violencia y transforma la muerte en política pública». Por su parte, Djeff Amadeus, abogado del Instituto de Defensa de la Población Negra, alertó a la AFP sobre el riesgo de una «masacre generalizada perpetrada por policías que harán todo para ganar más dinero».
Preocupación por la seguridad y la población negra
El sindicato de comisarios de la policía civil (Sindelpol) también expresó su desacuerdo. Leonardo Affonso, presidente del sindicato, señaló a la radio CBN que la medida podría aumentar el riesgo para los propios policías, quienes tenderían a exponerse más en situaciones de conflicto.
Las estadísticas oficiales indican que en 2024, 703 personas murieron en intervenciones policiales en el estado de Río, un promedio de casi dos diarias. Aunque esta cifra representa una disminución del 19% respecto a 2023, la población afrodescendiente es la más afectada por esta violencia.
Contexto de seguridad en Río
Río de Janeiro vive una situación crónica de violencia, con frecuentes operativos de mano dura en las favelas, territorios controlados por grupos de narcotráfico y milicias. La ley ha reavivado el debate sobre los métodos de seguridad pública y su impacto en los derechos humanos.
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