

La Sala Constitucional Primera de Potosí ordenó congelar las cuentas bancarias del ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos, y de altos ejecutivos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). La medida se tomó debido al incumplimiento de una sentencia que obliga al Estado a ejecutar trabajos de preservación y estabilización en el Cerro Rico de Potosí.
La decisión judicial, emitida esta semana, responde a una acción de incumplimiento constitucional interpuesta por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo). La organización denunció que las autoridades no acataron la Sentencia Constitucional Plurinacional 1062, fallada en agosto de 2022.
Los fundamentos de la medida
El fallo es contundente. Tras «quedar constatado el incumplimiento», la Sala dispuso notificar a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para que proceda al congelamiento de las cuentas de los funcionarios. Los afectados son el ministro Santos; el presidente ejecutivo interino de Comibol, Reynaldo Pardo Fernández; y el gerente regional interino de Comibol en Potosí, Iván Guillermo Fuertes Quispe.
La medida se mantendrá «hasta el cumplimiento de la citada Sentencia Constitucional». El tribunal advirtió que, de persistir el incumplimiento, se impondrán multas progresivas y se remitirán los antecedentes al Ministerio Público para que investigue posibles responsabilidades.
¿Qué exige la sentencia incumplida?
La Sentencia Constitucional 1062/2022 establece dos obligaciones principales para el Ministerio de Minería y Comibol. La primera es ejecutar los trabajos urgentes de estabilización del Cerro Rico para preservar su estructura morfológica y evitar su deterioro. La segunda es lograr la «migración» de las cooperativas mineras a secciones que no sobrepasen la cota 4.700, un límite altitudinal crítico para la conservación del monumento histórico.
Además del congelamiento de cuentas, el nuevo fallo da un plazo perentorio de un mes a las autoridades para que acrediten las medidas que han adoptado respecto a la estabilización de la montaña. Asimismo, ratifica la obligación de reubicar a las empresas mineras según lo ordenado en 2022.
Una crisis patrimonial y ambiental
El Cerro Rico de Potosí, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, sufre desde hace décadas un grave deterioro debido a la actividad minera intensiva. La aparición de socavones y hundimientos ha generado una alerta constante sobre su estabilidad física. Las sentencias constitucionales buscan preservar este ícono histórico ante el riesgo de un colapso estructural.
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