

La Justicia este sábado impuso cuatro meses de detención preventiva a Félix Cruz Taca, exgerente general de YPFB Logística, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en contratos de importación de combustibles relacionados con la empresa Botrading. Cruz, aprehendido el viernes 19 de septiembre en La Paz tras declarar ante la Fiscalía, cumplirá la medida en la cárcel de San Pedro. Esta es la primera detención formal en un caso que involucra a una decena de personas y un posible daño económico al Estado de 355 millones de dólares.
El juez de garantías penales determinó la cautelar por delitos como incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y uso de influencias, según informó el fiscal Omar Yujra. Cruz, quien ocupó el cargo entre 2023 y 2025, suscribió el contrato de cesión del 1% de las acciones de Botrading durante su gestión.
Antecedentes del caso Botrading
Botrading S.A., subsidiaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con sede en Paraguay, actúa como intermediaria en la importación de combustibles a Bolivia. La investigación se centra en supuestos sobreprecios y tratos privilegiados que habrían generado un perjuicio millonario al Estado.
La Comisión Especial de la Cámara de Diputados aprobó en agosto un informe final que recomienda auditorías externas a YPFB Internacional y Botrading, y remitió los antecedentes al Ministerio Público y a la Contraloría General del Estado. El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, ya declaró en el proceso, mientras que otros investigados incluyen al presidente de YPFB, Armin Dorgathen, y exdirectivos como Omar Alarcón.
Denuncias de la defensa y apelación
El abogado defensor, Álvaro Guzmán, denunció irregularidades en la audiencia virtual del sábado, alegando que el juez «cortó los micrófonos» y no permitió una defensa adecuada, pese a la presentación de más de 400 hojas de documentación. Ante esto, Guzmán apeló la decisión judicial, y se espera un pronunciamiento de las autoridades en las próximas horas.
Cruz cumplía detención domiciliaria por otro proceso relacionado con irregularidades en la planta de Senkata, lo que complicó su situación actual. El caso se enmarca en una crisis de abastecimiento de combustibles en Bolivia, con críticas a la gestión de YPFB por mayores costos de importación.
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