

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ordenó este jueves la suspensión inmediata de las operaciones de una veintena de empresas y cooperativas mineras en el municipio de Viacha, tras verificar que realizaban actividades de procesamiento y comercialización de manera ilegal, generando contaminación ambiental que provocó protestas de los comunarios.
La medida responde a las constantes movilizaciones de los pobladores, quienes desde hace semanas denunciaban que los desechos de estas operaciones mineras, incluyendo mercurio y cianuro, estaban contaminando los ríos de la región. La resolución de la AJAM busca frenar el daño ambiental y regularizar el sector.
Empresas y cooperativas sancionadas
La lista de operadores suspendidos incluye a empresas como Cerámica Eloy S.R.L., Empresa Minera La Encontrada, Antaqhuyamine S.R.L., Procesadora de Rupaibmin S.R.L., y la Cooperativa Minera Cruz del Sur Minas Collo R.L., entre otras. En total, fueron 20 los actores económicos notificados para cesar sus actividades de forma inmediata.
La suspensión abarca todas sus operaciones, incluyendo el procesamiento, la comercialización y cualquier otra actividad minera que realicen en la zona.
Inspecciones confirmaron irregularidades
La decisión se tomó luego de que técnicos de la AJAM realizaran un trabajo de campo en comunidades como Seque Jahuira, Marka Contorno Mamani, Pallina Grande y Contorno Arriba. En estas inspecciones se constató que las empresas desarrollaban sus actividades sin contar con las licencias de operación y/o comercialización exigidas por la normativa boliviana.
El organismo regulador informó, mediante un comunicado, que ya inició las acciones legales correspondientes contra los infractores. Además, notificará en los próximos días a las autoridades ambientales y a los organismos de control de la comercialización de minerales.
Un esfuerzo conjunto contra la contaminación
La AJAM no es la única institución que ha actuado en Viacha. Previamente, la Alcaldía de Viacha ya había clausurado varias empresas por operar sin licencias y aprobó una ley municipal que declara al territorio como “libre de contaminación minera”, un instrumento legal que facilita las inspecciones y sanciones.
Adicionalmente, el pasado 15 de septiembre, la Defensoría del Pueblo presentó una acción constitucional contra seis instituciones estatales, incluyendo la Gobernación de La Paz y varios ministerios, para exigir que coordinen acciones y fiscalicen de manera efectiva la actividad minera en el municipio, respondiendo así a la demanda ciudadana por un medio ambiente sano.
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