La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en América del Sur emitieron un pronunciamiento conjunto, advirtiendo sobre el riesgo de impunidad en las masacres de Senkata y Sacaba ocurridas en Bolivia en 2019. Estas alertas surgen tras decisiones judiciales que anularon procesos contra policías y militares implicados en las violaciones a los derechos humanos. Los hechos, que dejaron al menos 20 muertos y numerosos heridos, exigen justicia oportuna según los organismos internacionales.
Pronunciamiento conjunto de CIDH y ONU
La CIDH y ONU Derechos Humanos expresaron su «preocupación» ante las resoluciones del Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto y del Tribunal Primero de Sacaba, que declararon la nulidad de los expedientes por incompetencia en materia. Estas decisiones se produjeron el 25 de agosto de 2025 para Senkata y el 29 de agosto para Sacaba. El 9 de septiembre de 2025, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz ratificó estas anulaciones, lo que podría representar un «retroceso en la búsqueda de justicia», según el comunicado oficial.
Los organismos internacionales destacan que esta situación compromete las obligaciones del Estado boliviano de investigar, sancionar y reparar a las víctimas. Además, genera una «revictimización» para las personas afectadas y obstaculiza el cumplimiento de recomendaciones de entidades como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).
Antecedentes de las masacres de 2019
En noviembre de 2019, durante protestas en Senkata y Sacaba, operativos conjuntos de policías y militares usaron fuerza excesiva, incluyendo municiones letales, contra manifestantes. El informe final del GIEI, solicitado por el Estado boliviano, documentó al menos 20 fallecidos y múltiples heridos, concluyendo que el uso de la fuerza fue desproporcionado y violó estándares internacionales.
El GIEI enfatizó la necesidad de acceso «oportuno, justo y eficaz» a la justicia para víctimas y familiares. Por su parte, el informe de ONU Derechos Humanos de 2020 identificó el empleo de fuerza letal como una contravención a normas globales, recomendando investigaciones independientes y reparación integral.
Preocupaciones de entidades locales e internacionales
La Defensoría del Pueblo de Bolivia compartió la inquietud por el riesgo de impunidad y la vulneración al derecho de las víctimas a una justicia pronta. Estas anulaciones evidencian obstáculos al deber estatal de implementar sugerencias del GIEI, acompañadas por la CIDH a través de la Mesa de Seguimiento (MESEG-Bolivia), y del informe de ONU Derechos Humanos.
CIDH y ONU instan a las instituciones bolivianas a evaluar el impacto de estas decisiones en compromisos internacionales. Recomiendan evitar demoras procesales que fomenten la impunidad y adoptar medidas para remediar la situación, garantizando independencia, transparencia y objetividad en el sistema judicial.
La CIDH, órgano autónomo de la OEA, y ONU Derechos Humanos, parte de la Secretaría de la ONU, promueven la defensa de derechos en la región mediante monitoreo y recomendaciones vinculantes.
Author: EnfoqueNews
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