

El exministro de Economía, José Luis Parada, fue sentenciado este miércoles a ocho años de prisión por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer 6º de La Paz. La condena se debe a la gestión irregular de un crédito por 324 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la gestión de Jeanine Áñez en 2020.
La Procuraduría General del Estado sustentó la acusación, afirmando que el exfuncionario suscribió el convenio sin la debida autorización de la Asamblea Legislativa, incurriendo en irregularidades durante la emergencia sanitaria por covid-19.
Los fundamentos de la condena
Según el reporte de la Procuraduría, Parada y el entonces presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte, firmaron en abril de 2020 una carta de intención y un memorando de entendimiento con el FMI. Este acuerdo permitió el desembolso de un Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) por 324 millones de dólares.
La institución estatal sostiene que dicho procedimiento no contó con el aval legal del Órgano Legislativo, lo que constituye la base de la imputación por aprobación irregular de créditos.
La defensa rechaza los cargos
Abogados defensores de José Luis Parada declararon que el juicio carece de base jurídica. Alegaron que existían dos normas vigentes que autorizaban la contratación de deuda: la Ley 1267 del Presupuesto General del Estado y la Ley 1293 de abril de 2020, destinada a financiar la atención de la pandemia.
Además, la defensa cuestionó la competencia del tribunal penal ordinario, invocando una sentencia constitucional que establece que exautoridades deben ser juzgadas mediante juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa.
El debate por el daño económico
Uno de los argumentos centrales de la defensa fue que el eventual perjuicio económico no se originó con la contratación del crédito, sino con su devolución anticipada por parte del gobierno de Luis Arce en febrero de 2021.
Cálculos oficiales citados en el caso indican que la cancelación anticipada del préstamo generó un daño estimado de 24 millones de dólares, en lugar de representar un ahorro.
Repercusiones institucionales
El Colegio de Economistas de Santa Cruz emitió un comunicado calificando el proceso como injusto y dilatorio, con evidente intromisión política en decisiones técnicas. La organización también denunció vulneración del debido proceso y prolongación indebida de los plazos judiciales durante más de cuatro años.
El caso continúa en espera de posibles recursos legales y la definición de una eventual apertura de un juicio de responsabilidades, tal como ha sido solicitado por la defensa.
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