

Angela Rayner, viceprimera ministra británica, presentó su dimisión este viernes tras una investigación independiente que reveló incumplimientos éticos en la compra de un apartamento en Hove, Inglaterra. El informe, entregado al primer ministro Keir Starmer por el asesor Laurie Magnus, señaló que Rayner no pagó el impuesto de timbre correspondiente, ahorrándose 40.000 libras (46.132 euros).
Contexto del escándalo
El caso se centra en la adquisición de una vivienda en la costa sur de Inglaterra. En el Reino Unido, las compras de inmuebles están sujetas a un gravamen conocido como impuesto de timbre, que aumenta para propiedades más costosas o segundas residencias. Rayner admitió el miércoles que no cumplió con esta obligación fiscal, atribuyendo el error a «complejos acuerdos de vida» tras su divorcio en 2023 y las necesidades de su hijo con discapacidades de por vida.
Declaraciones de Rayner
En una entrevista con Sky News, visiblemente afectada, Rayner expresó su conmoción: «Pensaba que lo había hecho todo correctamente, confié en el asesoramiento recibido y estoy devastada». Añadió que lamentaba profundamente el error y reiteró su compromiso con la transparencia en el servicio público. La política, conocida por su franqueza y críticas a la evasión fiscal durante la administración conservadora, enfrentó acusaciones que contrastan con su discurso público.
Reacción de Starmer
El primer ministro Keir Starmer aceptó la dimisión de Rayner, quien también ocupaba la cartera de Vivienda en el Gobierno laborista. En una carta manuscrita, Starmer expresó su tristeza: «No tengo más que admiración por usted y un enorme respeto por sus logros en política». Añadió que, aunque la decisión de dimitir fue correcta, lamentaba profundamente su salida.
Implicaciones políticas
Rayner, una figura clave del Partido Laborista que asumió el poder en julio de 2024, era considerada una de las voces más influyentes del Gobierno. Su renuncia representa un golpe para Starmer, en un momento en que el Ejecutivo busca consolidar su agenda tras reemplazar a los conservadores. El escándalo podría avivar debates sobre la transparencia y la ética en la gestión pública.
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