La defensa del exgeneral Juan José Zúñiga, recluido en el penal de El Abra, Cochabamba, presentará este martes una solicitud para cesar su detención preventiva. La abogada Silvia Tapia argumenta que el tiempo de reclusión ha superado el plazo legal permitido. Este pedido se alinea con un reciente instructivo del Tribunal Supremo de Justicia, que ordena a los jueces revisar casos de detenidos preventivos para evitar excesos en los plazos de encarcelamiento.
Contexto de la asonada militar
Zúñiga, excomandante del Ejército, enfrenta cargos graves por terrorismo y alzamiento armado tras liderar un movimiento militar el 24 de junio de 2024 en la Plaza Murillo, La Paz. Este incidente, que involucró el despliegue de efectivos y vehículos militares, generó gran conmoción en Bolivia. La investigación busca determinar las responsabilidades y motivaciones detrás de la acción, que fue calificada como un intento de desestabilización por las autoridades.
Argumentos de la defensa
La abogada Tapia fundamentará la solicitud en el instructivo del Tribunal Supremo de Justicia, destacando que los plazos de detención preventiva han sido excedidos. Además, intentará demostrar que no existen riesgos procesales, como peligro de fuga o interferencia en la investigación, que justifiquen mantener a Zúñiga en prisión. La defensa propondrá medidas alternativas, como arresto domiciliario o presentaciones periódicas ante el juzgado, para permitir que el exgeneral continúe el proceso en libertad.
Audiencia definitoria
La situación de Zúñiga se resolverá en una audiencia ante el juzgado encargado del caso. Este procedimiento será clave para determinar si el exmilitar permanece en El Abra o si se le conceden medidas sustitutivas. La decisión podría sentar un precedente en el manejo de casos similares, en un contexto de reorientación de la administración de justicia en Bolivia.
Repercusiones del caso
El caso de Zúñiga ha generado amplio debate público, con opiniones divididas sobre las implicaciones del movimiento militar. Mientras algunos sectores exigen sanciones severas, otros abogan por un proceso justo que respete los derechos procesales. La resolución de esta audiencia será seguida de cerca, tanto por su impacto en el acusado como por su relevancia en el sistema judicial boliviano.
Author: EnfoqueNews
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