

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, confirmó este miércoles que presentó un recurso de apelación contra los fallos que ordenaron la liberación del exdirigente cívico Marco Pumari y la detención domiciliaria de Luis Fernando Camacho, y que anularon el proceso a la expresidenta Jeanine Áñez.
La ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia, calificó las decisiones de los tribunales como “preocupantes” y afirmó que la justicia para las víctimas de los eventos de 2019 sigue siendo una deuda pendiente para el Estado.
Detalles de los fallos judiciales
El martes por la noche, el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz decretó la libertad simple para Marco Pumari y la detención domiciliaria para Luis Fernando Camacho. Ambos están investigados por su presunta participación en los hechos que condujeron a la asunción presidencial de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.
De manera paralela, el Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto anuló el lunes el proceso contra Áñez y ordenó remitir el caso a la Fiscalía General del Estado, lo que abre la posibilidad de que sea derivado a un juicio de responsabilidades ante la Asamblea Legislativa.
Postura firme del Ejecutivo
Al anunciar la apelación, la ministra Saravia aclaró que, si bien reconoce la competencia del Órgano Judicial para dictar medidas cautelares, es responsabilidad de todos los órganos del Estado garantizar justicia, especialmente en casos de violaciones de derechos humanos.
“Esperamos que se haya actuado de manera absolutamente objetiva al desvirtuar los riesgos procesales. Pero también debemos tener claro que hay una deuda pendiente con las víctimas, que no puede resolverse con decisiones que generan impunidad”, advirtió la autoridad.
El reclamo por las víctimas de 2019
Saravia se refirió al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que documentó graves violaciones de derechos humanos durante la crisis política y social de finales de 2019. El reporte registra más de 600 víctimas, incluyendo aproximadamente 40 fallecidos, 470 heridos y más de 70 personas procesadas sin el debido proceso.
La ministra recalcó que la resolución sobre el caso de la expresidenta Áñez no significa el cierre definitivo de su proceso, sino un cambio de jurisdicción que deberá ser tratado por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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