

Desde su reclusión preventiva, el exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari cuestionó públicamente el accionar de la Defensoría del Pueblo, interrogando sobre sus acciones concretas a favor de las personas inocentes que, como él, se encuentran detenidas sin condena en las cárceles de Bolivia.
Las declaraciones de Pumari, difundidas a través de sus redes sociales, se producen luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyera el pasado 21 de agosto verificar el cumplimiento de los plazos procesales en los casos de detención preventiva que involucran a la expresidenta Jeanine Áñez, al gobernador Luis Fernando Camacho y al propio Pumari.
Un cuestionamiento desde la prisión
Pumari, quien acumula más de tres años y ocho meses en detención preventiva, dirigió sus críticas directamente al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya. “¿En qué momento reclamaron o denunciaron como Defensoría estas ilegalidades?”, escribió el exlíder cívico, refiriéndose a su prolongado encarcelamiento, al que calificó como un “secuestro por parte del masismo”.
En su publicación, Pumari amplió el foco de su reclamo más allá de su caso particular, preguntando: “¿En qué momento reclamaron o lucharon por los inocentes que se encuentran en las cárceles?”. Este cuestionamiento pone en tela de juicio la labor de la institución encargada de velar por los derechos humanos en el país.
La Defensoría reconoce la problemática estructural
En un contexto que parece responder indirectamente a este tipo de críticas, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, se había referido previamente a la grave situación carcelaria en Bolivia. Callisaya afirmó que “garantizar el debido proceso, la celeridad y la igualdad ante la ley no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con los derechos fundamentales de todas las personas”.
El titular de la Defensoría alertó sobre una cifra clave que sustenta el reclamo de Pumari: el 58.2% de los 33.275 privados de libertad en el país se encuentran en situación de detención preventiva, es decir, aún no han recibido una sentencia condenatoria firme.
Callisaya remarcó que esta situación, que califica a la detención preventiva como una regla y no como la excepción que dicta la ley, debe ser abordada de forma igualitaria y sin discriminación.
Un debate sobre derechos y garantías procesales
El cruce de declaraciones evidencia una problemática nacional de larga data: el uso extensivo de la detención preventiva, que colapsa el sistema penitenciario y mantiene a miles de personas en prisión sin una condena. Mientras Pumari interpela a la Defensoría por una actuación más enérgica, la institución, por su parte, ha puesto el foco en la obligación estatal de respetar los plazos procesales y las garantías fundamentales de todos los detenidos, sin distinción.
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