

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, instruyó este viernes a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del país revisar, en un plazo máximo de 24 horas, el cumplimiento de los plazos de detención preventiva en los procesos penales que enfrentan la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico Marco Antonio Pumari.
La disposición fue emitida mediante el Instructivo N°18/2025 y se fundamenta en las facultades constitucionales, legales y convencionales que otorgan al TSJ la atribución de velar por la correcta y pronta administración de justicia en Bolivia.
Revisión en 24 horas
El instructivo señala que los jueces encargados de ejercer control jurisdiccional deberán verificar, incluso de oficio, si se han respetado los plazos de detención preventiva establecidos en cada uno de los casos. Una vez realizada la revisión, deberán resolver “lo que en derecho corresponda”.
La medida alcanza exclusivamente a los procesos contra Áñez, Camacho y Pumari, todos actualmente privados de libertad bajo diferentes causas vinculadas a la crisis política y social de 2019.
Fundamentos legales y convencionales
El TSJ citó como respaldo normativo el artículo 180 de la Constitución Política del Estado, que establece los principios de celeridad y debido proceso, además de lo dispuesto en tratados internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal y la Convención Americana (Pacto de San José de Costa Rica).
Asimismo, recordó que el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, adoptado en Bolivia, obliga a los jueces a resolver casos con equidad, atendiendo las particularidades de cada proceso sin transgredir el ordenamiento jurídico vigente.
“No es intromisión”
El instructivo aclara que la disposición no debe entenderse como una intromisión en las competencias de los jueces, sino como una reafirmación de la independencia judicial y del compromiso del TSJ con una administración de justicia pronta y sin presiones externas.
Con esta orden, el Tribunal Supremo busca garantizar el respeto a las garantías procesales y al principio de celeridad en procesos que han estado en el centro del debate político y judicial en los últimos años.
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