

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), quien cumplía arresto domiciliario tras ser condenado a 12 años de prisión por soborno y fraude procesal. La decisión suspende la medida hasta que se resuelva la apelación presentada contra la sentencia de primera instancia emitida el 1 de agosto.
Condena histórica en el “juicio del siglo”
El 1 de agosto, Uribe se convirtió en el primer expresidente colombiano condenado penalmente. La jueza del caso lo halló culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal, imponiéndole una pena de 12 años de prisión domiciliaria, una multa de 840.000 dólares y una inhabilitación de 8 años. El caso, conocido como el “juicio del siglo”, se originó en 2012 por acusaciones de manipulación de testigos.
Origen del caso: Uribe contra Cepeda
El proceso comenzó cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos, tras las afirmaciones de Cepeda en el Congreso sobre presuntos vínculos de Uribe con el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, la Corte Suprema invirtió la investigación y acusó a Uribe de intentar manipular testimonios para desmentir dichas conexiones, presuntamente a través del abogado Diego Cadena, quien habría ofrecido beneficios jurídicos a exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve.
Reacciones divididas ante la condena
La condena generó polarización. Los detractores de Uribe, de 73 años, celebraron la sentencia, recordando señalamientos históricos sobre sus supuestos vínculos con el paramilitarismo. Por su parte, Uribe y sus seguidores, liderados por el partido Centro Democrático, denuncian una persecución política. El expresidente ha insistido en su inocencia y apeló la decisión, lo que motivó la orden de libertad provisional.
Contexto político y electoral
La resolución llega a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026, donde aliados de Uribe competirán por la presidencia. Su liderazgo en la ofensiva militar contra las guerrillas durante su mandato (2002-2010) sigue siendo un factor de peso en la política colombiana, aunque este caso ha intensificado el debate sobre su legado.
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