Luis Arce y su entorno están de salida y, aunque sus bolsillos ya están llenos, han decidido no renunciar al mayor soborno de su criticada gestión: el comprometido en los contratos del litio.
¿Hay otra manera de decirlo? Las cosas están tan claras en este asunto que justificar esta afirmación resulta casi una pérdida de tiempo, pero allá vamos.
En la legislatura 2024-2025, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene alrededor de medio millar de proyectos de ley (PL) en tratamiento, es decir, pendientes de aprobación. Según el sitio web oficial de la Cámara de Diputados, esta registra 551 proyectos, mientras que el de la Cámara de Senadores identifica 463 en total. Todos esos proyectos de ley permanecen “en tratamiento” porque esta ALP es la que menos ha sesionado, lo que lleva a preguntarse: ¿por qué pagamos sueldos tan altos a los actuales senadores y diputados?
A pesar de una agenda de pendientes claramente colapsada, el oficialismo, es decir, el “arcismo”, prioriza la aprobación de los contratos para la explotación del litio del Salar de Uyuni. Expertos han analizado estos contratos al derecho y al revés, llegando a la conclusión unánime de que favorecen a las empresas rusa y china que los firmaron y, en consecuencia, son lesivos para los intereses estatales y regionales.
Sin embargo, las observaciones nacionales y las protestas regionales, expresadas con un rechazo visceral, no le importan en absoluto al gobierno saliente, que deja a Bolivia sumida en una de las peores crisis económicas de su historia. Al estilo de su exjefe, el “arcismo” ha actuado con prepotencia, al igual que con los millonarios créditos que la banca concedió a los hijos del presidente saliente.
Colocados en la cúspide de la pila de proyectos de ley pendientes, los contratos para el litio fueron puestos en el tapete de discusión y aprobados sin más trámite que una votación. Como los legisladores y cívicos de Potosí se opusieron físicamente, impidiendo que la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados instalara su sesión, esta fue trasladada al pleno, donde se ejecutó el “plan aprobación” recurriendo a diferentes ardides, incluyendo el uso de candados. Una sinvergüencería semejante solo se vio en la oprobiosa aprobación parlamentaria del tratado de amistad y límites con Chile de 1904, con el que Bolivia renunció a sus derechos sobre el Litoral.
La aprobación de aquel tratado fue una infamia, pues era evidente que los parlamentarios que votaron a favor habían sido sobornados, lo que mereció el rechazo total de los potosinos, quienes dejaron constancia de su posición en un documento titulado “Anatema de Potosí”. Hoy, más de un siglo después, nos encontramos en una situación similar, pero no con el mar, sino con el litio.
Está más claro que el agua que los diputados que aprobaron el contrato con la empresa rusa lo hicieron movidos por sobornos. Si hubieran actuado con transparencia, sin nada que ocultar, no habrían recurrido al voto secreto. La reacción de Potosí es, nuevamente, de indignación. Al día siguiente, escuché a mujeres llorando en los medios de comunicación.
¿Cómo reaccionará Potosí esta vez? Al momento de escribir este artículo, el comité cívico no oficialista convocaba a un consejo consultivo, y las elecciones estaban a la vuelta de la esquina. En esos escenarios se desarrollarán los próximos capítulos.
Juan José Toro Montoya es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Author: Juan José Toro Montoya
Sobre el autor
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