

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Elmer Schialer, ratificó las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien el lunes calificó a Bolivia como un «país fallido» durante su discurso a la nación. Schialer afirmó que no modificará «ni una coma» de las palabras de la mandataria, pero destacó que ambos países trabajan por canales diplomáticos para superar el malestar generado.
Contexto de las declaraciones
En su discurso, Boluarte señaló que su decisión de asumir el poder tras el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022 evitó que Perú se convirtiera en un «país fallido como Cuba, Venezuela o Bolivia». Aunque los nombres de estos países no estaban en el discurso original, la presidenta los incluyó de manera espontánea, según Schialer. El canciller subrayó que Boluarte se refirió a las «terribles condiciones económicas y sociales» de esos países, sin intención de obstaculizar las relaciones diplomáticas.
Respuesta de Bolivia
El presidente boliviano, Luis Arce, expresó un «enérgico rechazo» a las declaraciones de Boluarte, calificándolas de «inadmisibles». Arce convocó al encargado de negocios de Perú en Bolivia, Carlos Montoya, para manifestar su descontento. Además, Bolivia presentará una posición oficial a través de su representación en Lima. Schialer, por su parte, se reunió con la encargada de negocios de Bolivia en Perú, Eva Chuquimia, para abordar la situación.
Esfuerzos diplomáticos
Schialer enfatizó que los estados «no pueden mudar de vecindario» y abogó por resolver las tensiones con el mayor nivel diplomático posible. «Estamos tratando esto a niveles diplomáticos», afirmó, expresando su esperanza de superar el malestar con Bolivia, Cuba y Venezuela. El canciller destacó la importancia de mantener relaciones cordiales con los países vecinos, pese a las diferencias señaladas por Boluarte.
Impacto y antecedentes
Las declaraciones de Boluarte se enmarcan en su narrativa de haber evitado una crisis mayor en Perú tras el intento de golpe de Castillo. La presidenta, quien era vicepresidenta de Castillo, asumió el poder con el respaldo de fuerzas conservadoras en el Congreso, alejándose del proyecto izquierdista de su predecesor. Sus palabras han generado controversia, especialmente en Bolivia, donde el gobierno de Arce busca una respuesta formal ante lo que considera un agravio.
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