Mientras las noticias, los análisis y los comentarios se posan sobre la crisis de los mil rostros y las elecciones generales atípicas que se realizarán dentro de un mes, el volumen de información que se está generando fuera del país sobre Sebastián Enrique Marset Cabrera —el narcofugitivo uruguayo de 34 años— cobra mayor notoriedad y muestra que el círculo ha comenzado a cerrarse.
El 30 de julio de 2023, hace casi dos años, el narco uruguayo huyó de un operativo de captura en Santa Cruz con ayuda de autoridades policiales bolivianas. A días de cumplirse dos años exactos de su escape, algunos de sus allegados son procesados a ritmo lento en el país; no hay jerarcas de la Policía sometidos a la ley, y se desconoce la ubicación del jefe del Primer Comando de Uruguay (PCU), una ramificación del temido PCC de Brasil.
Marset, su esposa Gianina García Troche y sus tres hijos vivieron cómodamente en Santa Cruz desde 2018, con varias identidades obtenidas en oficinas gubernamentales y múltiples actividades empresariales de cobertura, que le permitían moverse con tranquilidad en la capital cruceña, bajo la protección de instancias policiales y del Ejecutivo. Se estima que, en los últimos años, Marset y su organización exportaron más de 20 toneladas de cocaína solo a Europa.
Sin embargo, este año el gobierno de Estados Unidos decidió ir por Marset, quien sigue controlando el narcotráfico desde el sur latinoamericano hacia el hemisferio norte, sobre todo hacia países de Europa y Asia. La administración Trump se inmiscuyó en la persecución porque el sistema financiero estadounidense fue utilizado para el lavado de activos provenientes de la actividad narco.
Tal como sucedió con el lavado de las ganancias fruto de la compra con sobreprecio de material antidisturbios al inicio del gobierno transitorio (2019-2020), por parte del sentenciado exministro de Gobierno Arturo Murillo, las agencias estadounidenses de persecución del delito han detectado audaces operaciones financieras de la organización de Marset para lavar millones y millones de dólares generados por el tráfico intercontinental de cocaína.
La banda criminal de Marset transformaba la droga en ingentes cantidades de euros que, por instrucción del narco uruguayo, eran convertidos en dólares mediante entidades y mecanismos financieros de Estados Unidos. Por ello, se ordenó a la DEA iniciar una vasta investigación sobre sus verdaderas actividades en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y varios países asiáticos. En Bolivia, fungió como financista y futbolista que compraba clubes para jugar y llevar el cintillo de capitán.
Su socio y mano derecha, Federico Santoro —extraditado en julio de 2024 a Estados Unidos—, se declaró culpable de conspirar para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico y se comprometió a proporcionar información útil sobre el negocio ilícito liderado por Marset. De ahí la decisión de perseguirlo y capturarlo en cualquier punto del planeta.
Los datos que pueda proporcionar Gianina García Troche —su esposa, extraditada a Asunción desde Madrid hace unas semanas— también pueden ser clave para entender con mayor precisión cómo se realiza el acopio de paquetes de clorhidrato de cocaína en Bolivia, la logística utilizada para su exportación a mercados de ultramar, la venta de la mercancía a grupos europeos y de otros continentes, los movimientos financieros para la conversión en dólares y la protección que recibieron en los países donde vivieron, entre ellos, por supuesto, Bolivia.
A principios de este mes cayó otra importante ficha del rompecabezas: el paraguayo José Fernando Estigarribia Cristaldo, considerado también como hombre de confianza del narcofugitivo uruguayo, fue detenido en Dubái. El exfuncionario del Ministerio Público de Paraguay se encontraba prófugo y pesaba sobre él una notificación roja de Interpol por tráfico de drogas y lavado de activos.
La información que se está generando fuera de nuestras fronteras apunta a que Sebastián Marset se encuentra protegido en un territorio controlado por el PCC en Sudamérica, aunque estaría inquieto por las detenciones y extradiciones de familiares y cómplices. Los datos que estos puedan estar proporcionando podrían afectar su poder e influencia en el mundo narco.
Después de su captura y extradición a Estados Unidos, el mexicano Ovidio Guzmán López —de 35 años, uno de los cuatro hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán— se declaró culpable en un tribunal estadounidense y aceptó dar información sobre los vínculos del cartel de Sinaloa con políticos, jueces, autoridades, policías, militares, diplomáticos, empresarios, narcos de otros países y agentes antidrogas, para que siga siendo líder en el tráfico internacional de estupefacientes en la región.
A cambio, ha eludido la cadena perpetua, será llevado a instalaciones secretas para evitar represalias por la información que proporcionará, y al menos 17 de sus familiares y allegados obtendrán nuevas identidades en ese país. El razonamiento es bastante simple: a diferencia de los veteranos patrones del narcotráfico, él tiene 35 años y puede reencaminar su vida, protegiendo la de los suyos.
¿Podría suceder lo mismo con Marset si es capturado y sometido a la justicia estadounidense? ¿Quiénes podrían terminar vinculados con el narco en Bolivia? ¿Gobernantes, operadores de justicia, jefes de la Policía y de fuerzas militares, autoridades locales, empresarios y políticos? La caída de Marset podría ocurrir en cualquier momento —hay una planificación multinacional— y pondría en jaque a varios poderosos bolivianos. Los días del narcofugitivo uruguayo en libertad parecen estar contados.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Author: Edwin Cacho Herrera Salinas
Sobre el autor
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