

Por primera vez en la historia, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica pidió este martes al Congreso retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, investigado por presuntos actos de corrupción. La decisión, respaldada por 15 votos a favor y 7 en contra, marca un enfrentamiento inédito entre los poderes del Estado.
El Tribunal de Corte Plena, máxima instancia judicial, solicitó a la Asamblea Legislativa evaluar el levantamiento del fuero presidencial tras las acusaciones del fiscal general Carlo Díaz. Chaves es investigado por el delito de concusión (exigir beneficios indebidos), que conlleva penas de 2 a 8 años de cárcel.
Los cargos en contra del presidente
Según la Fiscalía, Chaves habría presionado a una empresa contratada por la Presidencia para que entregara $us32,000 a su amigo y exasesor Federico Cruz. La empresa, financiada con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), habría sido contratada mediante un procedimiento irregular.
La Corte también pidió retirar la inmunidad al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, vinculado al mismo caso. Ambos niegan las acusaciones.
Reacciones políticas y judiciales
El oficialismo calificó la solicitud como «insustancial y ridícula». Pilar Cisneros, jefa de la bancada oficialista, defendió a Chaves, asegurando que «no tuvo nada que ver» con el contrato en cuestión. Mientras, el ministro Rodríguez afirmó tener «la conciencia tranquila».
Chaves, quien no ha comentado públicamente el fallo, enfrenta otras investigaciones por financiamiento ilícito de su campaña en 2022 y por beligerancia política. La semana pasada, el Tribunal Supremo de Elecciones le prohibió intervenir en la campaña electoral de 2026, acusándolo de usar su cargo para favorecer intereses partidistas.
Contexto político y futuro de Chaves
El mandatario, populista y admirador del salvadoreño Nayib Bukele, ha polarizado al país con sus ataques a la prensa, jueces y opositores. Aunque no puede reelegirse, se especula que buscaría un puesto legislativo en 2026 para impulsar reformas.
El caso ahora depende de la Asamblea Legislativa, donde se requiere mayoría calificada para retirar la inmunidad. De aprobarse, sería la primera vez que un presidente en ejercicio enfrenta un juicio penal en Costa Rica.
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