

Ahora que todos hablan de los problemas que aquejan al país y sus posibles soluciones, se me ocurrió reflotar el documento “Decálogo de temas críticos para la economía boliviana”, que el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) lanzó en 2007, proponiendo acciones concretas al Gobierno para convertir el comercio exterior en un instrumento de desarrollo. Han transcurrido dieciocho años; veamos qué ha ocurrido.
“Privilegiar una agenda productiva y por la competitividad” fue la primera recomendación. No se cumplió. Mucho se habló de la Agenda del Bicentenario 2025 para erradicar la pobreza extrema y reducir la pobreza relativa, pero, tras el fin del superciclo de precios altos de las materias primas en 2014, Bolivia enfrentó problemas al no estar preparada para un escenario externo adverso. Al no avanzar significativamente en estos aspectos, el crecimiento económico se ha estancado.
“No anteponer la política a la economía” fue la segunda exhortación, advirtiendo que la ideología perjudica la economía. Sin embargo, para controlar la inflación se sacrificó al productor, y la excesiva atención a la macroeconomía descuidó el “día a día” del empresario, que demandaba: seguridad jurídica para la inversión, eliminación de restricciones a la exportación, uso de agrobiotecnología y seguridad de mercados.
“Combatir el contrabando y consolidar el mercado interno” fue el tercer consejo. Pese a ello, este flagelo continuó, camuflado en la creciente informalidad, compitiendo deslealmente con productores y comerciantes formales. Un ejemplo es la ropa usada contrabandeada que, aunque está prohibida su importación y comercialización, se vende libremente en todo el país, sin que las autoridades actúen.
“Procurar el libre acceso para las manufacturas a mercados externos” fue la cuarta recomendación, pero prevaleció la consigna sobre la razón. Bolivia rechazó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y la Unión Europea, y, a diferencia de otros países de la región, perdió la oportunidad de acceder a los dos mercados más importantes del mundo. La pérdida del ATPDEA en 2008 con Estados Unidos no fue compensada por Brasil, Venezuela ni Argentina, cuyas promesas de compra resultaron ser “cantos de sirena”.
“Garantizar el mercado andino para las agroexportaciones” fue el quinto pedido, dada la importancia estratégica de esta plaza para oleaginosas, lácteos, carnes y otros productos. Colombia, principal socio andino de Bolivia, y Perú, que se abrió a este bloque gracias a los TLC con Estados Unidos, se vieron afectados por la “metida de pata” de un nefasto activista boliviano “antiglobalización”.
“Tomar buenas decisiones en materia de integración” fue la sexta exhortación, apostando por una integración basada en intereses productivos, más que en afinidades ideológicas. Sin embargo, Bolivia se opuso al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y a los TLC propuestos por Estados Unidos, optando por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), que resultaron un fiasco. También se advirtió sobre los riesgos de insistir en ser Miembro Pleno del MERCOSUR, dado el precedente de un déficit de 45.000 millones de dólares con ese bloque, pero, siguiendo el ejemplo de Venezuela, se avanzó con ese capricho.
“No encandilarse con la renta del gas natural” fue la séptima recomendación. Sin embargo, el país cayó en el rentismo durante el auge mundial, con récords de exportación que generaron pingües ganancias, hoy reducidas a menos de un tercio por la caída de la producción y los menores precios. Previendo este escenario, se recomendó apostar por las exportaciones no tradicionales y el turismo, pero no se hizo.
“Inclusión social, sí, pero también inclusión productiva” fue el octavo consejo, es decir, considerar no solo a las pymes, sino también a las grandes y medianas empresas en las políticas públicas para generar más inversión, producción, exportación y empleos dignos, de calidad y sostenibles, como la forma ideal de “mejorar hacia arriba” a la sociedad. Sin embargo, persistió la discriminación.
“Trabajar en promoción externa” fue la novena exhortación, también desatendida. Como resultado, el país carece de inteligencia comercial, producto de una errónea política de austeridad aplicada al servicio exterior, cuando la diplomacia debería captar capitales y abrir mercados.
“Mejorar drásticamente la calidad de la gestión pública” fue el décimo pedido, buscando contar con personal idóneo para garantizar la estabilidad económica, política y social, y lograr una mejora sustancial en la competitividad que impulse el crecimiento. No hace falta decir que la meritocracia deseada no primó.
Por todo ello, gran parte de lo que sufrimos hoy es el resultado de no haber atendido estas recomendaciones.
Gary Antonio Rodríguez Álvarez es Economista y Magíster en Comercio Internacional.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
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