

El Gobierno nacional calificó como un “retroceso” el reciente fallo judicial que suspende los contratos para la explotación de litio firmados con la empresa rusa Uranium One Group y el consorcio chino Hong Kong CBC.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, en conferencia de prensa lamentó la decisión, asegurando que afecta el desarrollo económico de las regiones productoras y del país en general.
“Estos contratos no implicaban inversión directa, sino la provisión de servicios tecnológicos esenciales para industrializar el litio. Con esta decisión, se retrasa el progreso de Oruro, Potosí y del país entero”, afirmó Montenegro.
El fallo judicial
El fallo fue emitido el martes por el Juzgado Mixto Civil y Comercial de Colcha K, que ordenó la suspensión inmediata de los contratos. La medida responde a una acción popular presentada por 53 comunidades indígenas, que denunciaron:
– Violaciones a derechos ambientales.
– Falta de consulta previa, obligatoria según la legislación nacional e internacional.
Detalles del fallo:
– Se ordena detener el tratamiento legislativo de los proyectos de ley 170/2024-2025 y 197/2024-2025, relacionados con los contratos.
– Se prohíbe a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y al Ministerio de Hidrocarburos realizar obras o gestiones vinculadas a los acuerdos, hasta que se resuelva el fondo del caso.
La demanda fue impulsada por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl), que celebró el fallo y exigió respeto a los derechos de las comunidades y normas ambientales.
Los contratos en disputa
1. Contrato con Uranium One Group (septiembre de 2024):
– Producción estimada: 14.000 toneladas anuales de carbonato de litio.
– Inversión proyectada: 970 millones de dólares.
2. Contrato con Hong Kong CBC (noviembre de 2024):
– Construcción de dos plantas industriales con capacidad total de 35.000 toneladas anuales.
– Inversión estimada: 1.030 millones de dólares.
Ambos contratos fueron remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación, pero han generado críticas por:
– Falta de transparencia en el proceso.
– Posibles impactos negativos económicos y ambientales.
Reacción del Gobierno y críticas a la Asamblea
Montenegro advirtió que el fallo tiene una motivación política que amenaza proyectos estratégicos. “Se está priorizando una agenda política por encima del bienestar regional y del aprovechamiento de nuestros recursos naturales”, aseveró.
También cuestionó la inacción de la Asamblea Legislativa: “La Asamblea no le dio la importancia que este tema merecía, lo cual también ha frenado el desarrollo regional”.
El ministro concluyó reiterando que el Gobierno cumplió con su responsabilidad al gestionar y remitir los contratos. “Este fallo representa un retroceso en la industrialización del litio, clave para el futuro económico de Bolivia”.
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