

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló en una entrevista con el medio argentino Data Urgente que varias mujeres han presentado denuncias de agresión sexual por parte del expresidente Evo Morales durante su mandato (2006-2019). Estas acusaciones se harán públicas a medida que avancen los procesos legales en Tarija, donde Morales enfrenta cargos por trata de personas y violación estatutaria.
El ministro destacó la gravedad de las acusaciones, afirmando: “He recibido testimonios de mujeres que fueron agredidas durante la presidencia de Morales. Buscan justicia y pronto presentarán denuncias formales”. Las acusaciones se suman a una investigación en curso sobre la presunta implicación de Morales en el embarazo de una niña de 15 años en 2016, por lo que un tribunal boliviano emitió una orden de arresto.
Desafíos legales en Bolivia y Argentina
Morales, que se encuentra en la región del trópico de Cochabamba, desde octubre de 2024 bajo la protección de sindicatos locales, también enfrenta escrutinio legal en Argentina. Un caso archivado en 2024 por corrupción de menores fue reabierto, centrándose en la presunta explotación de menores entre 2019 y 2020.
Del Castillo desafió a Morales a realizarse una prueba de ADN para demostrar su inocencia, diciendo: “Si no tiene nada que ocultar, debería someterse a expertos forenses internacionales”. Sin embargo, el ministro señaló que capturar a Morales es complicado debido a la resistencia armada de sus seguidores, lo que representa riesgos significativos para las fuerzas del orden.
Detalles clave del caso
- Bolivia: Morales enfrenta cargos por trata de personas con circunstancias agravantes y violación estatutaria.
- Argentina: Una investigación reabierta examina acusaciones de explotación sexual de menores (2019-2020).
- Estado actual: Morales permanece en Cochabamba, protegido por seguidores sindicales, lo que dificulta su arresto.
El Gobierno asegura que las pruebas contra Morales son “sólidas” y reafirma su compromiso de garantizar justicia para las víctimas. Las autoridades están trabajando para que el proceso judicial avance de manera transparente mientras abordan los desafíos que plantea el estatus protegido de Morales.
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