

La pobreza multidimensional en Bolivia aumentó del 58.1% en 2017 al 61.2% en 2023, según un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). El estudio revela que las ciudades de El Alto y Santa Cruz registran los índices más altos, con más de dos tercios de su población viviendo en condiciones de pobreza.
A diferencia de las estadísticas oficiales, que miden la pobreza únicamente por ingresos, el análisis del CEDLA incorpora dimensiones como el acceso a la educación, la salud, los servicios básicos y la calidad de vida.
Ciudades con mayores niveles de pobreza
El informe identifica las siguientes tasas de pobreza multidimensional en las principales ciudades del país:
Santa Cruz: 66.1%
El Alto: 65.5%
Cochabamba: 56%
La Paz: 50.7%
Estas regiones también presentan un acelerado crecimiento demográfico, lo que intensifica las condiciones de vulnerabilidad y dificulta el acceso equitativo a servicios esenciales.
Perfil de los hogares en situación de pobreza
El estudio clasifica a la población boliviana en seis clases sociales y destaca que el 81.3% de las personas en situación de pobreza multidimensional pertenece a tres grupos:
Clase media independiente: 46.5%
Clase obrera: 14.2%
Clase media baja asalariada: 11.1%
Este perfil evidencia que gran parte de la población vulnerable no se encuentra en los extremos de exclusión, sino en sectores que, aunque con ingresos, enfrentan carencias estructurales.
Diferencias con los datos oficiales
El Ministerio de Economía reportó en 2023 una pobreza moderada del 36.4% y una pobreza extrema del 11.9%, basadas en el ingreso per cápita. Sin embargo, el CEDLA cuestiona estas cifras por su enfoque exclusivamente monetario, que no refleja la complejidad de la exclusión social y económica que viven millones de bolivianos.
Llamado a políticas públicas integrales
El CEDLA plantea la necesidad urgente de implementar políticas públicas con enfoque multidimensional, orientadas especialmente a los sectores más vulnerables: mujeres, jóvenes y niños. Según el estudio, garantizar derechos básicos y reducir la desigualdad requiere un abordaje que considere las múltiples formas de pobreza en contextos urbanos marcados por crisis económicas y sociales.
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