

El ministro de Justicia, César Siles, confirmó este domingo la emisión de una orden de aprehensión contra el diputado de Creemos, Richard Rivera, en el marco de las investigaciones por la toma militar de la plaza Murillo el 26 de junio de 2024. Esta es la quinta orden emitida en el caso, y según Siles, no se prevén más aprehensiones en esta etapa.
«La orden contra el diputado Rivera ya fue emitida, aunque no tengo detalles sobre su ejecución», señaló el ministro en conferencia de prensa. Precisó que las cinco ampliaciones de la investigación se presentaron en las últimas semanas, desmintiendo que sean medidas recientes.
En un video difundido en redes sociales, Rivera rechazó las acusaciones de participar en un «supuesto golpe de Estado» y anunció que iniciará acciones legales para probar su inocencia. «No permitiremos que los abusos del MAS nos intimiden», afirmó, calificando el proceso como una persecución política orquestada por el oficialismo.
El viernes, la Policía aprehendió a cuatro personas vinculadas al caso: el abogado Jorge Valda, el general retirado Marco Bracamonte, el coronel Mario Tanka y Bismarck Imaña. Tras las audiencias, Valda quedó en libertad irrestricta, Bracamonte recibió medidas sustitutivas, y Imaña fue enviado a prisión preventiva por 30 días en San Pedro. La situación de Tanka aún está pendiente de resolución.
Los imputados enfrentan cargos por terrorismo, atentado contra el presidente y alzamiento armado, en relación con la intentona golpista liderada por el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, quien permanece detenido en el penal de El Abra, Cochabamba.
El caso se remonta a junio de 2024, cuando militares bajo el mando de Zúñiga ocuparon la plaza Murillo e intentaron ingresar al Palacio Quemado con una tanqueta. Tras un enfrentamiento verbal con el presidente Luis Arce, Zúñiga huyó, pero fue capturado horas después.
La Fiscalía investiga a 35 personas, entre civiles y militares, y ha formalizado cargos contra 27. El proceso sigue en curso, con expectativa por posibles nuevas imputaciones.
La orden contra Rivera abre un nuevo capítulo político en el caso, al involucrar a un legislador opositor. Mientras el gobierno defiende su actuación como una lucha contra la «conspiración», la oposición denuncia un uso político de la justicia. Este desarrollo podría agravar la polarización en Bolivia.
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