

China anunció que elevará los aranceles a productos estadounidenses del 84% al 125%, en respuesta directa al aumento impositivo impuesto por Washington. La medida, que entrará en vigor este sábado, marca un nuevo capítulo en la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo, cuyas tensiones han encendido alarmas en los mercados globales.
El gobierno chino calificó la política estadounidense como “acoso económico” y prometió una respuesta firme. Mientras el presidente Donald Trump suspendió temporalmente los aranceles para la mayoría de los países, decidió mantener y elevar las tarifas para China, que ya alcanzan un total del 145%. Pekín respondió con determinación: “China contraatacará con decisión y luchará hasta el final”, advirtió el Ministerio de Finanzas.
Las nuevas tarifas chinas afectarán productos clave como soya, aviones, medicamentos y otros bienes de alto valor importados desde Estados Unidos. Además, China ha tomado medidas adicionales como la suspensión de importaciones de sorgo y aves de corral, y ha impuesto controles más estrictos sobre la exportación de minerales de tierras raras, esenciales para la tecnología y la industria.
Por su parte, el Ministerio de Comercio chino informó que llevará el caso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), acusando a Estados Unidos de violar normas comerciales internacionales. La directora de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, advirtió que este conflicto podría perjudicar gravemente la economía global, dada la magnitud de las economías involucradas.
En los mercados financieros, la tensión ha provocado caídas en las bolsas y una mayor volatilidad. Si bien la pausa parcial de aranceles de Trump trajo cierto alivio, las acciones específicas contra China han reavivado los temores de una recesión, especialmente en sectores dependientes del comercio bilateral.
Los aranceles estadounidenses también impactarán a los consumidores, ya que muchos productos importados desde China —como electrónicos, equipos industriales y juguetes— se volverán más caros. La Casa Blanca sostiene que estas medidas buscan fortalecer la industria local y recuperar empleos en el sector manufacturero, aunque los beneficios podrían tardar en materializarse y conllevan riesgos económicos y políticos.
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