

El Gobierno anunció la creación de comités barriales de Defensa del Consumidor para combatir el agio y la especulación en los precios de productos básicos, especialmente en tiendas de barrio donde el control es menor. El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, informó este lunes que la medida comenzará a implementarse “en los próximos días”.
Estos comités, organizados en coordinación con las juntas vecinales, tendrán la misión de vigilar y denunciar cobros irregulares en sus distritos. “Queremos profundizar la participación ciudadana para que los vecinos denuncien el agio y la especulación en sus barrios”, explicó Silva a la televisora estatal, destacando el rol activo de la población en la protección de sus derechos.
Respuesta a los aumentos irregulares
La iniciativa surge ante el alza injustificada de precios, un problema que, según el viceministro, se intensifica los fines de semana por la mayor demanda, mientras los costos tienden a bajar entre semana. “Vivimos una ola de especulación que lleva a los comerciantes a manipular los precios”, advirtió Silva, quien instó a la ciudadanía a no callar ante abusos. “Cuando les quieran tocar el bolsillo, denúncienlo”, enfatizó.
Los comités barriales toman como base el Comité de Seguridad Alimentaria, creado en 2024 y presente en casi todos los departamentos. Este organismo, integrado por personal del Viceministerio, intendencias municipales, control social y organizaciones vecinales, se enfoca en mercados, pero deja desatendidas las tiendas de barrio. “Las autoridades no siempre pueden estar en cada distrito”, reconoció Silva, subrayando que la nueva estrategia busca extender la vigilancia ciudadana a estos espacios.
Apuesta por la corresponsabilidad
La medida refleja un esfuerzo por involucrar a los vecinos en la lucha contra la especulación, aunque aún no se han precisado detalles sobre su funcionamiento o la coordinación con las autoridades locales. El Gobierno espera que los comités contribuyan a estabilizar los precios y garanticen el acceso a alimentos a costos justos, en un contexto donde el alza en la canasta familiar sigue siendo una preocupación central para las familias bolivianas.
La propuesta también plantea interrogantes sobre el papel del consumidor como fiscalizador y la necesidad de políticas estructurales para abordar las distorsiones en la distribución de alimentos. Mientras tanto, el Ejecutivo reafirma su compromiso con el poder adquisitivo de la población, en un esfuerzo por mitigar el impacto de la especulación en el día a día.
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