

Un fiscal de Santa Cruz y siete efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) allanaron este miĆ©rcoles las oficinas nacionales de Derechos Reales (DDRR), la DirecciĆ³n General Administrativa Financiera (DGAF) y la Unidad de Servicios InformĆ”ticos del Consejo de la Magistratura en Sucre, Chuquisaca. La intervenciĆ³n, autorizada por orden judicial, busca recabar pruebas sobre manipulaciĆ³n informĆ”tica y un supuesto desfalco de dos millones de bolivianos, vinculado a la alteraciĆ³n de registros inmobiliarios.
El operativo se enmarca en una investigaciĆ³n que comenzĆ³ en septiembre de 2024, tras una denuncia del Consejo de la Magistratura sobre irregularidades en los sistemas informĆ”ticos de las oficinas de Derechos Reales en Santa Cruz. AllĆ se detectĆ³ la modificaciĆ³n indebida de gravĆ”menes de propiedades, lo que habrĆa generado el desvĆo de fondos destinados al Ćrgano Judicial. Tras seis meses de pesquisas, las autoridades ampliaron el caso a las dependencias nacionales en Sucre.
Autoridades prometen transparencia
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, respaldĆ³ el allanamiento y afirmĆ³ que no se encubrirĆ” a los responsables. āEstamos para coadyuvar y no vamos a proteger a nadieā, enfatizĆ³. Por su parte, Manuel Baptista, presidente del Consejo de la Magistratura, informĆ³ que se revisaron archivos y se incautĆ³ documentaciĆ³n clave para esclarecer los hechos.
La directora nacional de Derechos Reales, Margarita Challhua, asegurĆ³ que las irregularidades ocurrieron en gestiones pasadas y prometiĆ³ plena colaboraciĆ³n con la investigaciĆ³n. āComo nuevas autoridades, no toleraremos ningĆŗn acto irregularā, afirmĆ³.
Funcionarios bajo la lupa
Hasta el momento, ocho empleados de Derechos Reales ātres de Santa Cruz y cinco de Beniā han sido vinculados al caso, aunque permanecen en libertad. En Santa Cruz, un registrador y dos funcionarios enfrentaron detenciĆ³n preventiva, pero ya fueron liberados. AdemĆ”s, Challhua y el jefe de servicios informĆ”ticos fueron citados como testigos.
Las autoridades judiciales no descartan que las irregularidades se extiendan a otras regiones del paĆs. Mientras el caso avanza, se analizan los documentos incautados para determinar el alcance del presunto desfalco y las responsabilidades involucradas.
SĆ© el primero en dejar un comentario