

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, acusó este miércoles a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de perpetrar un «sabotaje político» al rechazar un crédito de 100,9 millones de dólares ofrecido por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Los fondos estaban destinados a atender emergencias climáticas y garantizar el voto de los bolivianos en el exterior para las elecciones de 2025.
Tras una sesión de siete horas, la ALP no alcanzó los votos necesarios para aprobar el préstamo, que ofrecía condiciones excepcionales: un interés anual del 0,01%, 16 años de plazo y seis años de gracia. Montenegro calificó el rechazo como un «no al país», al señalar que afecta a municipios y departamentos golpeados por inundaciones, así como a la diáspora boliviana. «Le dijeron no a quienes sufren por las lluvias, al voto en el exterior y al desarrollo nacional. Esto lo denunciaremos ante la comunidad internacional», afirmó en conferencia de prensa.
Uso previsto de los fondos
El crédito, estancado en el Legislativo por 727 días, tenía tres objetivos claros: reponer gastos de la pandemia de COVID-19, financiar la respuesta a desastres naturales (90% en bolivianos) y costear el voto en el exterior (10% en divisas), un compromiso pactado en febrero ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por los partidos políticos.
El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, responsabilizó al sector evista de bloquear el acuerdo y «no querer elecciones». Por su parte, los ministros de Planificación, Sergio Cusicanqui, y de Salud defendieron el préstamo como una medida fiscal responsable.
Impacto y advertencias
Montenegro alertó que será difícil obtener financiamiento con condiciones tan favorables en el futuro, subrayando que Bolivia ya cumplió los requisitos exigidos por JICA. Cusicanqui destacó que el país destinó el 17% de su PIB a la pandemia, superando a Chile y Brasil, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El rechazo del crédito agrava las presiones fiscales del Gobierno y limita su capacidad para enfrentar crisis climáticas y logísticas, en un contexto de creciente tensión política a menos de un año de los comicios de 2025.
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