

El gobierno colombiano trabaja para evitar perder la certificación de Estados Unidos en la lucha contra las drogas, un estatus que ha mantenido por tres décadas pero que está en riesgo debido al aumento de cultivos de hoja de coca y las tensiones con la nueva administración de Donald Trump.
“Nos preparamos para un escenario de certificación, que es lo que buscamos con nuestras acciones”, dijo la canciller Laura Sarabia en conferencia de prensa. Sin embargo, reconoció que también deben contemplar la posibilidad de una descertificación, aunque evitó profundizar en ese escenario.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el área sembrada con hoja de coca en Colombia alcanzó las 253.000 hectáreas en 2023, un 10% más que el año anterior. Pese a los récords en incautaciones de cocaína, el Departamento de Estado de EE.UU. ha pedido resultados concretos en la reducción de cultivos.
La relación bilateral sufrió tensiones en enero cuando Colombia rechazó dos vuelos con deportados en aviones militares de EE.UU. Esto derivó en amenazas mutuas de aranceles, que se desactivaron cuando el gobierno colombiano aceptó recibir a los deportados con sus propios aviones. “Es un impasse superado”, aseguró Sarabia, destacando que la cooperación en lucha antidrogas sigue siendo una prioridad.
Colombia es el mayor productor mundial de cocaína y, según la DEA, la principal fuente de esta droga para Estados Unidos. La certificación en la lucha antidrogas es clave, pues su pérdida podría traer sanciones como la revocatoria de visas.
El gobierno de Gustavo Petro ha modificado la estrategia antinarcóticos, enfocándose en la interdicción, el combate al lavado de activos y la erradicación voluntaria de cultivos, en lugar de la forzada. Petro ha sido crítico del prohibicionismo y argumenta que la guerra contra las drogas ha fracasado.
Hace un mes, Petro lanzó el plan de erradicación de cultivos ilícitos más ambicioso de su gobierno, con la meta de eliminar 25.000 hectáreas en el Catatumbo, una región afectada por la violencia de grupos armados. En 2023, la erradicación alcanzó las 20.000 hectáreas y en 2024 se fijó en 10.000 hectáreas.
El plan incluye pagos a campesinos que erradiquen voluntariamente y el desarrollo de programas sociales e infraestructura para ofrecer alternativas económicas legales. El gobierno espera que estas medidas respalden su compromiso en la lucha antidrogas y aseguren la certificación de EE.UU.
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