La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) celebra este miércoles una crucial reunión para definir el curso legal que tomará ante dos fallos emitidos por las salas constitucionales de Beni y Pando, que han puesto en riesgo el avance del proceso de elecciones judiciales en Bolivia. Estas decisiones judiciales paralizan temporalmente la preselección de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), lo que ha generado incertidumbre sobre la continuidad de los comicios.
El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, informó en una entrevista con Unitel que la Sala Plena está evaluando los alcances del amparo constitucional emitido en Beni. Respecto al fallo de Pando, señaló que el TSE no fue notificado y que solo se enteraron del mismo a través de los medios de comunicación. “Vamos a asumir una postura como Tribunal Supremo Electoral luego de analizar lo ocurrido”, declaró Vargas, subrayando la importancia de una pronta resolución.
Posible acción: medida cautelar ante el TCP
Entre las opciones que el TSE está considerando, destaca la posibilidad de presentar una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con el fin de destrabar el proceso electoral. “Una de las posibilidades es interponer de manera inmediata una medida cautelar”, explicó Vargas, quien también calificó el fallo de la sala constitucional de Beni como un “golpe a la democracia boliviana”.
El conflicto legal surge de dos impugnaciones presentadas en diferentes regiones. En Pando, María Esther Caero cuestionó el proceso por incumplir con los requisitos de equidad de género y representación departamental territorial, además de objetar la inclusión de “candidatos aplazados”. En Beni, el excandidato Hugo Vargas solicitó que su nombre fuera reincorporado a la lista de postulantes después de ser marginado.
Impacto en el calendario electoral
Vargas destacó que el proceso electoral ya está en marcha y advirtió que detenerlo tendría graves repercusiones. Una de las actividades más importantes, la campaña de difusión de méritos, está programada para comenzar el 17 de octubre. “Ya el Órgano Electoral tiene contrato con varios medios de comunicación, y hay otras actividades logísticas en curso, como la impresión de papeletas y el material electoral”, señaló.
El TSE confía en que el Tribunal Constitucional actúe con rapidez para garantizar la seguridad jurídica del proceso. Vargas enfatizó que el pueblo boliviano tiene el derecho de elegir a sus autoridades y que cualquier demora pondría en riesgo la legitimidad del proceso electoral.
La decisión que tome el TCP será clave para determinar si el TSE podrá continuar con el cronograma de las elecciones judiciales o si deberá buscar alternativas ante la parálisis provocada por los fallos judiciales. “El país necesita una respuesta clara y rápida que permita a la población ejercer su derecho al voto”, concluyó Vargas.