En cumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) registró a Grover García como presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) y a Julia Ramos como vicepresidenta. Esta decisión ratifica las determinaciones del X Congreso del MAS, realizado en mayo en El Alto, que fue avalado por el TCP.
El pasado 14 de noviembre, la Sala Cuarta del TCP declaró válido el congreso realizado en El Alto, conocido como el congreso “arcista”, que eligió a García como presidente del “instrumento político”. En consecuencia, el TCP desconoció el congreso realizado en Lauca Ñ, organizado por el bloque “evista”, donde Evo Morales fue elegido como jefe y “candidato único” del MAS.
El 25 de noviembre, en una reunión de sala plena, el TSE trató el tema del registro. La sesión estuvo marcada por la ausencia de su presidente, Oscar Hassenteufel, quien se encuentra de viaje, y de la vocal Nancy Gutiérrez, de vacaciones. El vicepresidente Francisco Vargas emitió un voto disidente respecto a la decisión mayoritaria.
Según la resolución emitida por el TSE, la ejecución de este registro no deriva de la supervisión al Congreso del MAS realizado en mayo, sino que responde al cumplimiento obligatorio de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0776/2024-S4. El documento enfatiza que esta sentencia del TCP “desconoce la competencia” del TSE para decidir sobre el registro de dirigencias, limitándose a procesar lo establecido en la misma.
Implicaciones y reacciones
El reconocimiento de Grover García como presidente del MAS pone en evidencia la creciente fractura interna en el partido oficialista, que enfrenta una disputa abierta entre el ala “evista” y el sector afín al gobierno del presidente Luis Arce. Con este fallo, el TCP y el TSE avalan la línea liderada por García, dejando en una situación de incertidumbre el liderazgo de Evo Morales dentro del MAS.
La decisión también tiene implicaciones jurídicas y políticas significativas. Por un lado, refuerza la vinculación obligatoria de las resoluciones del TCP para los órganos del Estado, pero también subraya las limitaciones del TSE frente a sentencias constitucionales. Este hecho podría sentar un precedente para futuras controversias en la administración interna de organizaciones políticas.
Con esta resolución, el panorama político del partido de gobierno se torna aún más complejo, dejando en manos de sus principales actores la posibilidad de reconstruir una unidad debilitada o profundizar una crisis que podría impactar su futuro político.