Este lunes, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, emitió una severa advertencia sobre la posible paralización de las elecciones judiciales previstas para el 1 de diciembre. Una acción de amparo constitucional, presentado en una sala del departamento de Beni por el postulante Hugo Vargas, podría frenar el proceso electoral en curso. Según Vargas, detener la elección representaría un “riesgo nefasto para la democracia”, afectando gravemente el calendario electoral.
La acción judicial fue presentada por Hugo Vargas, un aspirante que quedó fuera de las listas finales de candidatos para los altos cargos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Vargas busca ser reincorporado a través de esta medida, lo que podría interferir con un proceso electoral que ya ha sido convocado y organizado.
En declaraciones a radio Panamericana, Francisco Vargas fue enfático al señalar que estas acciones judiciales, a tan solo semanas de la elección, generan gran preocupación. “Esperamos que quienes estén a cargo de la decisión asuman su determinación en apego a la Constitución”, expresó.
Preocupación por el impacto democrático y económico
El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, también manifestó su inquietud, advirtiendo que la elección judicial corre un “enorme riesgo” de paralizarse debido a esta acción constitucional. En su opinión, se debe prestar especial atención a la audiencia programada para este martes, donde se tomará una decisión crucial sobre el futuro del proceso electoral.
Francisco Vargas destacó además que el amparo fue presentado tardíamente, ya que Hugo Vargas tuvo oportunidad de impugnar durante las fases de preselección del proceso, supervisado por la Asamblea Legislativa. La intervención de la justicia en este punto del proceso no solo pone en peligro el calendario electoral, sino que también podría tener repercusiones económicas significativas. Vargas anunció que este martes se revelarán los gastos destinados por el Órgano Electoral para organizar las elecciones, de los cuales ya se han ejecutado Bs 55 millones.
Implicaciones legales y constitucionales
Desde su cuenta en la red social X, Francisco Vargas recordó que la Ley 026 de Régimen Electoral prohíbe cualquier obstaculización de los procesos electorales, y exhortó a los vocales de la Sala Constitucional de Beni a garantizar el derecho de los bolivianos a elegir a sus autoridades judiciales mediante el voto.
La audiencia programada para este martes determinará el destino de las elecciones judiciales, en las que el pueblo renovará a los magistrados de los principales tribunales del país. Cualquier decisión que conduzca a la suspensión del proceso podría generar un serio precedente en la relación entre los órganos del Estado y el respeto al voto popular.
Las próximas horas serán cruciales para definir si el país podrá llevar a cabo esta elección judicial, cuyo objetivo es fortalecer el sistema de justicia mediante la elección directa de los altos magistrados.