En un esfuerzo por garantizar la transparencia y confiabilidad del proceso electoral de cara a las elecciones judiciales del 1 de diciembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha decidido invitar a organismos internacionales y a instituciones académicas nacionales para realizar una revisión técnica del padrón electoral biométrico. Así lo informó el vocal Tahuichi Quispe en una reciente entrevista.
Entre los invitados figuran sus pares de Colombia y Ecuador, además de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE). Estas delegaciones se sumarán a representantes de universidades públicas y privadas del país que también llevarán a cabo la verificación del Sistema de Registro Biométrico, el cual incluye a todos los ciudadanos bolivianos en edad de votar y a extranjeros habilitados por ley.
“Vamos a invitar a nuestros pares internacionales para que vengan a Bolivia y emitan otro informe sobre nuestro padrón electoral. La idea es que sea revisado por todos”, explicó Quispe, subrayando la importancia de una mirada externa para validar la fiabilidad del registro.
La UE, que había sido previamente invitada para auditar el padrón, manifestó limitaciones presupuestarias que han retrasado su participación. Sin embargo, Quispe confirmó que se renovará la invitación tanto a la UE como a la OEA, reforzando el compromiso del TSE con un proceso electoral abierto y vigilado.
El Padrón Electoral Biométrico (PEB) fue instaurado en 2009, tras la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, y ha sido objeto de auditorías previas, como la realizada por la OEA en 2017, que destacó un alto grado de confiabilidad en la plataforma biométrica.
A pesar de estos antecedentes, y a poco más de tres meses de las elecciones para la selección de magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), persisten cuestionamientos por parte de actores políticos que sugieren la necesidad de una nueva auditoría. En respuesta, Quispe señaló que la creación de un nuevo padrón electoral tendría un costo estimado de 70 millones de dólares, y subrayó que su implementación requeriría una plena voluntad política y un significativo esfuerzo presupuestario.