Este lunes, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se reunirá a las 15:00 con un único objetivo: elegir al sucesor de Juan Lanchipa Ponce como Fiscal General del Estado. Sin embargo, las tres principales fuerzas políticas del país – el Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos – llegan a la sesión profundamente divididas y sin un consenso claro, lo que podría complicar la designación de la nueva autoridad.
El proceso exige que los legisladores alcancen los dos tercios de los votos, como establece la Constitución Política del Estado, para nombrar al nuevo Fiscal General, quien asumirá el cargo tras la finalización del mandato de Lanchipa este martes 22 de octubre. La urgencia de la elección hace que este sea un tema prioritario en la agenda legislativa.
Además, el proceso de selección enfrenta un obstáculo legal: un amparo constitucional interpuesto por Porfirio Machado Gisbert, un aspirante inhabilitado durante la evaluación de méritos. La audiencia para este recurso está programada para las 14:00, apenas una hora antes del inicio de la sesión, lo que podría generar incertidumbre sobre la continuidad del proceso.
La lista de candidatos
Diez candidatos, seleccionados por la Comisión Mixta de Justicia Plural, compiten por el puesto. Entre ellos destacan William Alave Laura, actual fiscal de La Paz, con el puntaje más alto (186), seguido por Iván Córdoba Castillo (170), Henry Herrera Herrera (169) y Olvis Egüez Oliva (165). La única mujer en la lista es Nuria González Romero, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia.
El proceso de votación
El reglamento establece que, si no se logran los dos tercios en la primera votación, se procederá a una segunda ronda, excluyendo a los candidatos que no cuenten con el respaldo de al menos 20 legisladores. De ser necesario, en una tercera votación se eliminarán a quienes no logren al menos 30 apoyos, y así sucesivamente hasta lograr la designación.
La falta de consenso entre las fuerzas políticas añade tensión al proceso. Durante el fin de semana, cada bloque se reunió para intentar definir su postura, aunque las divisiones internas aún persisten.
La sesión de este lunes será clave para el futuro del Ministerio Público en Bolivia, en medio de un clima político tenso y con implicaciones significativas para la justicia y la estabilidad institucional del país.