A tres días de la elección judicial en Bolivia, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, reconoció las limitaciones del proceso electoral para elegir magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). “Estamos convencidos de que esta elección no es la mejor, pero es lo que tenemos, eso es lo que podemos hacer y tenemos que hacerlo”, afirmó durante un foro con misiones de observación internacional.
Baja aceptación ciudadana
Hassenteufel destacó que el sistema de elección de jueces no goza de apoyo popular. Recordó que en los comicios previos de 2011 y 2017, los votos nulos y blancos superaron el 57% y 65%, respectivamente. Según explicó, estos resultados reflejan un rechazo ciudadano al sistema actual de designación, que es considerado más una muestra de protesta que un acto casual.
A pesar de ello, instó a la población a emitir votos válidos este domingo, argumentando que un alto índice de votos nulos o blancos afecta la legitimidad de las autoridades electas. “Por el bien del país, es necesario que los electos cuenten con un respaldo popular suficientemente grande”, expresó.
Fallos judiciales y postergaciones
El proceso electoral actual enfrenta desafíos adicionales, entre ellos una postergación de un año derivada de sentencias del TCP que anularon etapas previas de preselección realizadas por la Asamblea Legislativa. Por primera vez, la elección se realizará de forma parcial debido a estas disposiciones, lo que ha generado críticas desde el TSE.
“Este último fallo violó el principio de preclusión y atentó contra las competencias del TSE. Sin embargo, estamos obligados a cumplirlo por mandato constitucional”, explicó Hassenteufel.
Implicaciones regionales
El proceso ha generado interés en América Latina, especialmente en México, donde se evalúa implementar un modelo similar. “Ojalá que sea una experiencia mejor que la nuestra”, reflexionó el presidente del TSE, quien agradeció el apoyo de las misiones internacionales.
La elección judicial del domingo representa un desafío para la democracia boliviana, con una ciudadanía escéptica y un sistema que busca legitimarse en medio de críticas y desconfianza.