Abogados del sector liderado por Evo Morales en el Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), encabezados por Wilfredo Chávez, presentaron un memorial al Tribunal Supremo Electoral (TSE) solicitando que no se aplique la Sentencia Constitucional Plurinacional 786/2024-S4. Dicha sentencia reconoce la validez del congreso del MAS organizado por el sector afín al presidente Luis Arce y respalda a este grupo en la conducción del partido.
Los solicitantes exigen que se mantenga a Evo Morales como líder nacional del MAS, alegando que la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) carece de legitimidad y vulnera principios constitucionales fundamentales.
Argumentos presentados
1. Falta de legitimidad de la Sala Constitucional Cuarta
Los abogados sostienen que la sentencia fue emitida por magistrados que extendieron su mandato de manera inconstitucional. Según los demandantes, la Constitución Política del Estado (CPE) no permite la autoprorrogación de autoridades, salvo bajo circunstancias excepcionales reguladas por leyes específicas, como ocurrió en 2009 y durante la pandemia en 2020.
2. Inexistencia de una ley habilitante
Afirman que cualquier prórroga de mandato debe ser avalada por un órgano distinto al que la solicita. En este caso, argumentan que los magistrados carecían de una norma que respaldara su extensión en funciones, lo que, a su juicio, invalida jurídicamente la sentencia.
3. Defensa de la autonomía del TSE
En el documento, exhortan al TSE a no acatar la sentencia de manera automática, calificando como “actitud genuflexa” cualquier subordinación al fallo de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Los abogados subrayan la obligación del órgano electoral de garantizar la separación de poderes, consagrada en el artículo 12 de la CPE.
División interna y consecuencias políticas
Este nuevo episodio expone la creciente fractura en el MAS entre los sectores encabezados por Evo Morales y Luis Arce. La decisión que tome el TSE podría redefinir no solo la estructura interna del partido, sino también su estrategia electoral de cara a las elecciones generales de 2025.
El sector liderado por Arce busca legitimar su congreso y consolidar su control, mientras el ala “evista” denuncia presiones judiciales y políticas para debilitar su liderazgo. Esta pugna interna agudiza la incertidumbre en el panorama político nacional y cuestiona la estabilidad del principal partido político del país.
El TSE enfrenta ahora la tarea de decidir si acepta o rechaza el pedido de inaplicación de la sentencia en un contexto de crecientes cuestionamientos sobre la independencia de las instituciones. Su resolución tendrá repercusiones significativas para la democracia y la política boliviana en los próximos meses.