Sectores sociales afines al expresidente Evo Morales anunciaron una marcha en Sucre el lunes 18 de noviembre, exigiendo la renuncia de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que, tras concluir su mandato, permanecen en funciones. Esta movilización, organizada tras un ampliado en Lauca Ñ, Cochabamba, tiene como objetivo denunciar lo que consideran una “autoprorrogación” de los jueces.
El dirigente campesino Ponciano Santos, uno de los voceros de esta convocatoria, afirmó: “Estos autoprorrogados hacen lo que les da la gana; por lo tanto, hermanas y hermanos del pueblo boliviano, el lunes 18 de noviembre nos constituiremos en Chuquisaca para que se vayan a su casa”. La declaración refleja el rechazo de estos sectores hacia los magistrados, cuya permanencia en el cargo consideran ilegítima.
La protesta surgió tras el reciente fallo del TCP, que prohíbe la reelección de autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales por un tercer mandato. Aunque este Auto Constitucional también afecta al propio Morales, quien quedaría inhabilitado para postular en las elecciones de 2025, sus seguidores y asesores legales rechazan esta restricción, alegando que limita sus derechos políticos.
Carlos Romero, exministro de Gobierno y cercano a Morales, sostuvo que el TCP intenta modificar la Constitución Política del Estado (CPE) mediante este fallo, lo que, en su opinión, vulnera los derechos del expresidente. Además, Ramiro Cucho, líder del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyo (Conamaq), denunció que el sistema judicial está “instrumentalizado” por el Gobierno actual.
Cabe recordar que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el TCP cumplieron su mandato el 31 de diciembre de 2023. No obstante, ante la falta de nuevas autoridades electas, decidieron prorrogarse en sus cargos, lo que ha sido criticado como una extensión antidemocrática de sus funciones.