Dos senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) del bloque “evista” y dos opositores integran la nueva Comisión de Ética y Transparencia del Senado que fue conformada este lunes para el periodo legislativo 2022-2023.
Por reglamento, la mayoría partidaria tiene derecho a dos representantes en la Comisión de Ética y los otros dos partidos minoritarios, Comunidad Ciudadana y Creemos, tienen a un cupo cada uno para enviar a sus delegados.
El cocalero del trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, que reconoce abiertamente ser del ala “radical” o de la línea “evista”, y la senadora Simona Quispe, que es del mismo bloque, son los representantes del partido oficialista.
Los otros dos legisladores de la oposición que forman parte de la Comisión de Ética son: Julio Romaña, de la agrupación política Creemos, y Cecilia Requena, senadora de Comunidad Ciudadana (CC).
Loza agradeció la confianza de sus colegas para que forme parte de la Comisión de Ética de la Cámara de Senadores y anunció que hará cumplir todas las normativas que rigen la conducta de los miembros de ese cuerpo legislativo.
La Comisión de Ética se encarga de sancionar a los legisladores de la Cámara Alta que hayan sido denunciados por incumplir los reglamentos o cometer faltas o delitos durante el ejercicio del cargo.
El control del “evismo” de esa comisión podría aplicar medidas disciplinarias a los senadores del MAS del ala “arcista” o “renovador” con el actual clima de división y confrontación al interior del partido en función de Gobierno.
“El MAS ha nacido radical y seguiremos siendo radicales, no somos blandengues, ni liwi liwis (débiles), esa no es nuestra formación. Nunca tranzamos con la derecha, siempre nos hemos batido bajo el lineamiento del radicalismo, la renovación son los mismos traidores que a lo largo de nuestra lucha siempre ha habido y han tratado de dividir al MAS”, dijo Loza recientemente en una entrevista radial.
La senadora Requena pidió que en la nueva comisión prime la ética y no lo político al momento de evaluar un determinado caso.
“La evaluación tiene que ser ética y no política. Lo que ha pasado hasta ahora en esa Comisión es que el MAS ha manejado políticamente estas dos gestiones, la Comisión no ha hecho su trabajo adecuadamente sobre este tema, en especial por lo político”, aseguró la legisladora opositora.