Paola Barriga, nueva abogada defensora del exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila, denunció que su cliente está recluido en la peor sección que tiene el penal de San Pedro, “La Grulla”, desde hace más de un año y su primera acción fue acudir al Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés) para denunciar el tipo de reclusión que sufre su cliente.
“Estamos pidiendo al Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas que pueda colaborarnos, que vaya a verificar el estado en el que se encuentra mi cliente. No puede ser que esté 14 meses, en la peor sección del penal de San Pedro y que no le hayan permitido ver a su familia; y lo peor es que, cuando se lo demanda por el tema de narcotráfico, no se le prueba nada”, protestó la abogada que se hizo cargo del caso hace una semana.
Dávila fue aprehendido en enero de 2022 en la población fronteriza de Villazón cuando intentaba cruzar hacia Argentina. Poco después fue acusado de legitimación de ganancias ilícitas y enviado a prisión con detención preventiva por seis meses, pero ya lleva 14 meses en el mismo lugar.
“’La Grulla’, dentro de San Pedro, es un lugar de castigo, es el peor lugar que se tiene y en este lugar está recluido desde el primer día que entró Maximiliano Dávila a este centro penitenciario”, dijo la abogada en contacto con la ANF.
La sección que refiere la abogada defensora se encuentra aislada del resto de todo el penal. Está compuesta por una decena de celdas que tienen espacio para dos personas en camarote y fue construido para llevar a los reos que cometen faltas. En tiempos del Covid-19 esas celdas fueron habilitadas como centros de aislamiento para los que contraían el virus.
La exmagistrada Rosario Canedo aseguró que la arbitrariedad de las ampliaciones de las detenciones preventivas es el rasgo más notorio de gobiernos antidemocráticos y que deben ser examinados por organismos que velan por los derechos humanos.
“La Constitución (Política del Estado) no es un mero proclama. La ley se debe cumplir, pero al ampliar los plazos de manera indiscriminada, únicamente están atentando contra los derechos humanos, derechos y garantías constitucionales de los justiciables. Esa es una práctica que lamentablemente debería dejar de existir, es un abuso de poder”, aseveró la exmagistrada.
El CAT es una oficina que depende de Naciones Unidas, es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por los estados parte. Bolivia se adhirió a este tratado en 1999.
Los expertos realizan visitas a los estados parte periódicamente y la última vez que estuvieron en Bolivia fue en mayo de 2017. El CAT emitió un informe en Ginebra el 2021 en el que consignaron 3.017 casos de tortura entre 2013 y 2021; en ese entonces se dejó recomendaciones al Estado boliviano.
Coincidentemente, en esta oportunidad, paralelo a la denuncia de la abogada Barriga, llegaron los delegados del Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a quienes también pidieron una audiencia. La misión tiene prevista la visita a la cárcel de San Pedro en esta revisión de cumplimiento del respeto a los derechos humanos.
Según la abogada defensora, su cliente fue acusado de legitimación de ganancias ilícitas por un fiscal de materia, pero éste no pudo probar sus acusaciones y lo derivó a la fiscalía antinarcóticos. Esta instancia tampoco pudo probar el delito de narcotráfico y lo devolvió a la fiscalía departamental.
Ahora el Ministerio Público está pidiendo ampliar la detención preventiva por otros cinco meses, esa audiencia se realizará el jueves 30 de marzo a las 10:00.