La crisis institucional en Bolivia sigue sumando incertidumbre. Este martes, el ministro de Justicia, César Siles, reveló que el Gobierno recibió una carta firmada por Paul Franco, el presidente depuesto del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en la que denuncia irregularidades en el nombramiento de Gonzalo Hurtado, quien fue designado para sucederlo en el cargo. Franco señala “movimientos extraños” en el proceso de su reemplazo, que se habrían dado entre el jueves y el lunes pasado, generando tensiones sobre la legitimidad del procedimiento.
Siles aclaró que, según la normativa vigente, el único autorizado para convocar sesiones en el TCP es su presidente, una función que, hasta ahora, sigue ejerciendo Franco. Subrayó que no existe figura legal de “decanatura”, como se ha manejado en algunos círculos, lo que coloca a la institución en una situación de ilegalidad. En este contexto, Siles instó a los nueve magistrados del TCP a resolver de manera urgente la crisis, destacando que la presencia de dos presidentes en funciones y el incumplimiento de las normativas constitucionales son inaceptables.
La controversia se intensificó el lunes, cuando Gonzalo Hurtado fue designado presidente del TCP en una audiencia virtual en la que Franco no participó. Hurtado, junto a Iván Espada, se considera parte de un grupo de magistrados que se “autoprorrogaron” en sus cargos, los cuales debían haber concluido en diciembre de 2023.
Ambos magistrados también firmaron decisiones polémicas, como la resolución que validó el X Congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) “arcista” y el fallo que declaró desiertas las elecciones judiciales en varias regiones. Además, suscribieron el Auto Constitucional 0083/2024, que reafirmó la prohibición de la reelección continua y discontinua, lo que afecta directamente a las aspiraciones de Evo Morales, quien busca postularse para las elecciones de 2025.
Esta situación refleja la creciente polarización en el ámbito político y judicial del país, con implicaciones que podrían alterar el equilibrio institucional y afectar la confianza en las decisiones del TCP en un momento clave para la democracia boliviana.