En un giro inesperado en el proceso de selección de nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al menos una decena de candidatos han decidido retirar sus postulaciones. A pesar de este revés, la Comisión Mixta de Constitución ha confirmado que el proceso de preselección continuará sin alteraciones.
Entre los postulantes que se han retirado se encuentran Ricardo Torres y José Antonio Revilla, actuales magistrados prorrogados del TSJ, quienes aspiraban a ser elegidos para el TCP. Esta decisión ha generado inquietud sobre el futuro del proceso, pero Miguel Rejas, presidente de la Comisión Mixta de Constitución, ha asegurado que las renuncias no afectarán el avance de la preselección. Rejas aclaró que, en caso de que se produjeran otras diez renuncias, podría surgir complicaciones debido a la disminución en el número de postulantes.
“Han enviado solicitud de retiro de sus documentos y bueno, al fin también no sabemos la estrategia, sobre todo cuál será el motivo. Sin embargo, como dije nuevamente, nosotros hemos acordado continuar el proceso”, señaló Rejas.
El diputado Jerges Mercado, conocido por su alineación con el oficialismo, lamentó la salida de candidatos y atribuyó la situación a la incertidumbre generada por los retrasos en el proceso de selección. No obstante, Mercado reafirmó el compromiso de los legisladores de llevar adelante las elecciones judiciales.
Por otro lado, la diputada Lily Fernández, de Comunidad Ciudadana (CC), criticó los argumentos presentados por el magistrado Torres en el momento de su renuncia. Fernández recordó que, durante las elecciones judiciales de 2017, los candidatos se veían obligados a “arrodillarse” ante las organizaciones sociales para obtener el apoyo necesario. Aseguró que la preselección actual es transparente, con el proceso transmitido en redes sociales, y subrayó que este proceder seguirá adelante.
La situación ha puesto a prueba la estabilidad del proceso de selección judicial, pero la Comisión Mixta de Constitución mantiene su postura firme de continuar con las evaluaciones, a pesar de los desafíos que se presentan.