La Comisión Mixta de Justicia Plural se encuentra actualmente abocada al análisis de un amparo constitucional presentado por Charles Mejía Cardozo, cuyo efecto ha paralizado las evaluaciones orales en el proceso de preselección de candidatos a altos cargos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La medida cautelar, emitida por la Sala Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, hizo eco la tarde del lunes cuando la Comisión de Constitución se disponía a iniciar las pruebas orales para los aspirantes al TCP por el departamento de La Paz. Esta decisión se tomó en respuesta a la inhabilitación previa de Mejía Cardozo como candidato, una medida que la Sala Constitucional N° 039/2024 del 21 de mayo de 2024 ha ordenado revocar.
El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Froilán Mamani, expresó la urgencia de resolver el amparo de manera inmediata para evitar interrupciones adicionales en el proceso de preselección. “No podemos cometer un margen de error, sino tendremos acciones que sigan entorpeciendo la preselección”, afirmó Mamani.
Charles Mejía Cardozo fundamentó su acción de amparo constitucional alegando que, pese a la orden de revocación de su inhabilitación, no se le había convocado para las evaluaciones y la Asamblea Legislativa no había respondido adecuadamente a su favor.
El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, explicó que el amparo fue derivado rápidamente a la Comisión de Justicia Plural para su admisión o rechazo en sesión, con el objetivo de notificar al aspirante para que levante las medidas cautelares correspondientes.
En tanto, Mamani anticipó que el análisis de esta medida cautelar ocupará las próximas horas de trabajo legislativo, asegurando que se seguirán los procedimientos necesarios para garantizar la transparencia y legalidad en el proceso de selección de candidatos a cargos judiciales de alta importancia en el país.
La resolución de este amparo constitucional no solo definirá el curso del proceso para Mejía Cardozo, sino que también sentará un precedente relevante en la interpretación y aplicación de las normativas que regulan la selección de autoridades judiciales en Bolivia.