El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Manuel Ormachea informó que su bancada presentó una Petición de Informe Escrito para conminar al Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, y al ministro de Justicia, Iván Lima, que informen al Legislativo si el Estado procesará penalmente a Evo Morales y a los autores directos e indirectos del operativo que acribilló a extranjeros en el Hotel Las Américas de Santa Cruz el 2009.
El 21 de diciembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió su informe respecto ese caso y emitió cuatro recomendaciones que el Gobierno deberá cumplir si quiere evitar que el Estado sea enjuiciado en la Corte Internacional de Derechos Humanos.
Las cuatro recomendaciones de la CIDH que debería cumplir el Estado boliviano son: reparación integral con compensación económica a los afectados; rehabilitación física y mental con consentimiento para los demandantes; proceso penal a los que violentaron los derechos de los demandantes; y finalmente, adoptar medidas para que no se repitan este tipo de situaciones.
En un video de abril de 2009, el entonces presidente Evo Morales confiesa que dio “instrucciones” para hacer un operativo contra los extranjeros que supuestamente pretendían ejecutar un plan de terrorismo y separatismo en Bolivia.
“Estamos presentando esta petición de informe escrito para conminar al procurador y al ministro lima de que den respuesta y además le otorgue la información que corresponde al órgano legislativo sobre este tema. A qué me refiero, a todas las acciones que vayan a tomar para cumplir con todo lo indicado por la CIDH, no sólo para compensar económicamente y con la rehabilitación, sino para que nos respondan si van a abrir efectivamente como Estado boliviano una investigación penal y acusar formalmente al autor confeso y a quien ha dado la orden, ya sabemos todos quien es, ¿no es verdad?”, indicó Ormachea en conferencia de prensa.
El legislador adelantó que Lima y Chávez no podrán alegar que la CIDH exige confidencialidad para no entregar información, porque esa figura solo aplica para la opinión pública y la prensa, pero no para el propio Estado, y la Asamblea Legislativa es parte del Estado.
“Por tanto, señor Lima, señor Chávez, feliz mente no tienen ningún impedimento legal para brindarnos la información que estamos solicitando. En lo que sí incurrirían si es que no cumplen los plazos administrativos para entregar la información que se están solicitando, es en el delito de incumplimiento de deberes”, advirtió.