El ampliado departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Cochabamba, que se realizó este sábado en el trópico de Cochabamba, determinó pedir la expulsión de seis diputados del ala renovadora del partido oficialista, exigir la restitución de aportes económicos de los funcionarios de todos los niveles del Estado para ese partido político y rechazar el veto a Evo Morales en Perú.
Magaly Núñez, Rosario García, Bolivia Guachalla Yupanqui, José Luis Flores, María Layme Parada y María Vargas Flores, son los diputados observados y a quienes se los remitió al tribunal disciplinario del MAS. Asimismo, el ampliado exige la recuperación de curul que actualmente ocupan estos seis legisladores en la Cámara Baja.
Otro de los puntos de la resolución del ampliado del MAS, es exigir al Órgano Ejecutivo la restitución de los aportes que hacen los funcionarios públicos de todos los niveles del aparato público.
“(Exigimos el) restablecimiento de aportes de servidores públicos en todos los niveles de la administración del Estado, bajo la advertencia de iniciar acciones. Asimismo, pedimos el cese la intromisión y respeto al estatuto orgánico (…). Exigimos el respeto al derecho al trabajo para nuestros militantes, nuestras autoridades deben respetar lo decidido en el ampliado”, señalan en el cuarto y sexto punto.
En cuanto a la decisión del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte de negar el ingreso de Evo Morales a Perú, la dirigencia del MAS en Cochabamba expresó el rechazo a la resolución de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Además, el ampliado se solidarizan con los “caídos” durante los enfrentamientos en el país vecino.
“Solidarizarse con los hermanos caídos en Perú, y exhorta a las organizaciones sociales internacionales a buscar la pacificación en Perú. Rechazamos la resolución de autoridades donde disponen el veto a Evo Morales y el fortalecimiento de Runasur”, indica el punto ocho.
Por otro lado, el MAS de Cochabamba decidió declararse en estado de emergencia ante las movilizaciones cívicas y de opositores; exigir la condena de 30 años de cárcel para el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el caso golpe I; y demandar la celeridad en la investigación contra Jorge “Tuto” Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y otros, por el presunto delito de terrorismo.