La inasistencia del expresidente Evo Morales al diálogo convocado por el Gobierno ha sido interpretada como una señal clara de que los bloqueos que lideran sus seguidores responden a objetivos políticos, según afirmó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. En una conferencia de prensa, Alcón destacó que la negativa de Morales y sus dirigentes a participar en el diálogo evidencia que su verdadera intención es asegurar su candidatura presidencial y buscar impunidad frente a las acusaciones penales que enfrenta.
El diálogo, convocado por el Ministerio de Economía para este lunes, tenía como objetivo abordar las demandas de los seguidores de Morales, quienes iniciaron un bloqueo de caminos en varias regiones del país. Sin embargo, Morales y los dirigentes de su movimiento se rehusaron a participar, exigiendo que las autoridades acudan a uno de los puntos de bloqueo y se pronuncien sobre temas como la habilitación de la candidatura del exmandatario y el retiro de los procesos judiciales en su contra.
La viceministra Alcón subrayó que esta postura de los seguidores de Morales deja en evidencia que el bloqueo no responde a demandas económicas, como se había planteado inicialmente, sino a intereses políticos y personales. “Estamos hablando de un bloqueo con intereses estrictamente políticos, incluso personales, que buscan la impunidad del señor Evo Morales y su candidatura de manera inconstitucional”, afirmó.
Un bloqueo con motivaciones políticas
El bloqueo de caminos, iniciado este lunes y que afecta principalmente a zonas del departamento de Cochabamba, surge en un contexto de tensión tras la apertura de un proceso penal contra Evo Morales por el delito de trata y tráfico de personas, vinculado a su relación con una menor de 15 años en 2015. Este hecho ha intensificado las fricciones entre el Gobierno y los seguidores de Morales, quienes han condicionado cualquier diálogo a la retirada de estos cargos.
Ponciano Santos, uno de los dirigentes más radicales del evismo, fue categórico en sus declaraciones, exigiendo que el Gobierno reconozca el Congreso de Lauca Ñ, donde Morales fue reelecto como líder del Movimiento al Socialismo (MAS) y declarado candidato único. Además, pidió que se levanten los procesos judiciales contra el expresidente y otros dirigentes para que se considere sentarse a dialogar.
La respuesta del Gobierno
En respuesta, la viceministra Alcón señaló que el Gobierno no tiene competencias para reconocer el Congreso de Lauca Ñ ni para habilitar la candidatura de Morales, ya que su inhabilitación está determinada por la Constitución Política del Estado, y no por una decisión gubernamental. También recordó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó la inscripción del Congreso de Lauca Ñ por incumplimientos estatutarios.
Alcón enfatizó que el bloqueo no tiene el respaldo de la mayoría de la población y advirtió que su prolongación podría causar graves daños a la economía del país, con pérdidas estimadas de hasta 120 millones de dólares. Asimismo, hizo un llamado a evitar perjudicar a la ciudadanía y estrangular la economía nacional por intereses políticos.
Finalmente, la viceministra reafirmó la postura del presidente Luis Arce, quien ha dejado claro que “a los niños y niñas no se tocan”, en referencia a los cargos de trata y tráfico de personas que enfrenta Morales.
Este conflicto pone de relieve las tensiones internas dentro del MAS y las implicaciones políticas y judiciales que enfrentan tanto Evo Morales como sus seguidores, quienes parecen estar dispuestos a intensificar las medidas de presión hasta que se cumplan sus exigencias. Sin embargo, el Gobierno ha reiterado su disposición al diálogo, siempre y cuando este no esté condicionado por intereses personales que contravienen la Constitución.