A pocas horas de vencer el plazo que otorgó el cabildo de Santa Cruz para que el Gobierno nacional abrogue el Decreto Supremo 4760 referente al Censo Nacional de Población y Vivienda, la Defensoría del Pueblo se sumó este martes al pedido de la Iglesia Católica de instalar una mesa de diálogo entre las autoridades nacionales y los sectores movilizados dejando de lado sus posiciones intransigentes.
“La Defensoría del Pueblo llama a todos los actores sociales e instituciones públicas involucradas en el conflicto, cumplan con la predisposición de buscar la resolución de los problemas y demandas planteadas relacionadas al Censo Nacional de Población y Vivienda, posibilitando el inicio del diálogo”, señala parte del comunicado de la Defensoría.
La Defensoría pide extremar esfuerzos para buscar soluciones a través de la instalación de mesas técnicas con el fin de abordar la realización del Censo.
La posición de la Defensoría del Pueblo, coincide con la manifestada el lunes por la Iglesia Católica, que, mediante el arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, René Leigue, pide que el Comité Interinstitucional y el Gobierno dejen la intransigencia en sus posiciones sobre la fecha del Censo en el país.
“El diálogo debe ser sin condiciones porque no se puede hablar de algo que ya está decidido”, insistió.
Tanto el Gobierno central como el Comité Interinstitucional de Santa Cruz se mantienen firmes en su posición sobre el Censo. Mientras el Gobierno señala que el Decreto Supremo 4760 ha establecido como fecha máxima de realización mayo o junio del 2024, las instituciones cruceñas exigen que la fecha de este proceso se adelante.
El Comité Interinstitucional además ha señalado que se acatará lo dispuesto en el cabildo del 30 de septiembre, en el que los asistentes definieron que en caso de que el Gobierno no adelante el proceso censal sea catará un paro indefinido a partir del 22 de octubre.