Luego que se filtrara el informe sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el expresidente Evo Morales acusó a los operadores del supuesto “plan negro” de pretender direccionar en su contra las acusaciones del caso de “Terrorismo” y “Separatismo”, luego que fracasaron con las “cartas falsificadas”, en relación a las denuncias de que un narcotraficante había contribuido en su campaña electoral.
“Denuncio ante mi pueblo y militantes del MAS-IPSP que operadores del plan negro al ver que fracasó investigación y acusación con cartas falsificadas para proscribir al MAS-IPSP y su dirigencia nacional, ahora tratan de direccionar el caso Terrorismo Separatista en nuestra contra”, dijo Morales en su cuenta de Twitter.
El “plan negro” al que se refiere Morales, de acuerdo a sus denuncias, se ha gestado al interior del gobierno de Luis Arce, específicamente apuntó al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas para desprestigiarlo.
Las “cartas falsificadas” a las que se refirió también salieron del MAS, el diputado Rolando Cuellar denunció una primera misiva en la que implicó a Gerardo García (MAS); luego el exministro Carlos Romero habló de la segunda carta del narcotraficante que lo involucra y estaba dirigida a Morales pidiéndole que no lo extradite. Romero dijo que era falsa.
El fin de semana se filtró el informe de fondo de dicho organismo, en el que señala que durante el gobierno de Morales (2009) se ordenaron ejecuciones extrajudiciales en el caso denominado terrorismo. El caso tiene que ver con un operativo de un grupo de élite de la Policía que ingresó al hotel Las Américas en Santa Cruz, como resultado de esa intervención murieron Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer; y Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos.
El informe de la CIDH pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, recomienda que se inicien juicios contra los responsables de este caso, es decir, a aquellas personas que hubieran participado en la toma de decisiones, pero también en la ejecución de las mismas.
El proceso duró casi una década, en medio de serias observaciones al proceso de investigación, incluso se denunció situaciones de extorsión atribuidas al exfiscal Marcelo Sosa. El 2020, el caso se cerró.
Para Morales, “en el gobierno de facto, el ahora prófugo Arturo Murillo gestionó el cierre de este caso pese a la existencia de separatistas, confesos y sentenciados”, acotó en otro mensaje “lamento mucho que algunos tratan de concluir el trabajo sucio de Murillo para intentar involucrarnos. No tenemos ningún miedo. Es obligación morales, política y legal defender la unidad de la Patria”.
El informe generó un remezón en el ambiente político, particularmente entre legisladores del MAS y opositores. Unos dicen que no se conoce el informe completo del organismo, mientras que otros señalan que se debe iniciar procesos contra Morales y exautoridades implicadas.
Además, Morales dijo que en determinado momento revelará cómo y quiénes promovieron la utilización del caso terrorismo para defenestrarlo políticamente.
Senador: se quiere acabar con el liderazgo de Morales
El senador del MAS Leonardo Loza manifestó que sospecha que detrás del informe de la CIDH, que complica al expresidente, está el interés de supuestamente “acabar con el liderazgo” de Morales. Afirmó que es sospechoso que aparezca el informe del organismo internacional después de que no se pudo acallar la voz del exmandatario con temas internos en el país.
“Tenemos nuestras grandes sospechas que el interés es acabar con el liderazgo, con la personalidad de Evo Morales, no solo está en Bolivia sino en toda la comunidad internacional, ojalá que eso no sea verdad. Tenemos nuestras grandes sospechas, cuando no pueden acallar la voz de Evo Morales o hacer caer a Evo Morales con temas internos, como que hay que investigar sus obras y otras cosas, ahora sospechosamente aparece este tema”, declaró en conferencia de prensa.
Por otro lado, el legislador defendió el accionar del gobierno de Morales contra el supuesto grupo armado que presuntamente tenía el objetivo de dividir y fraccionar Bolivia.