El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, ha sido imputado por el delito de terrorismo. La acusación está relacionada con su participación en el paro cívico de 36 días llevado a cabo en Santa Cruz en 2022, en demanda de que el Censo de Población y Vivienda se realizara en 2023, y no en 2024 como lo había programado el Gobierno.
Cuéllar calificó la imputación como “injusta” y afirmó que está basada en su llamado a la consulta ciudadana y a las protestas pacíficas. “Dicen que haber pedido con medidas de hecho el censo fue un acto terrorista. Intenté denunciar a Evo Morales por terrorismo, alzamiento armado y traición a la patria, pero me rechazaron porque aseguran que no cometió delito”, declaró el rector a Visión 360.
El paro cívico, liderado por el Comité Interinstitucional y respaldado por amplios sectores ciudadanos, generó tensión en la región. Durante las movilizaciones se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales. Aunque se llevaron a cabo varias mesas de diálogo entre las autoridades gubernamentales y los promotores de la medida, no se logró un consenso que permitiera desactivar el conflicto antes del plazo establecido por los manifestantes.
La imputación contra Cuéllar llega en un momento de creciente protagonismo político para el rector. En diciembre de 2023, anunció su precandidatura presidencial bajo la bandera de su agrupación Cambio25. Actualmente, forma parte del denominado “Bloque de Unidad”, una alianza de líderes opositores que busca articular una alternativa política al oficialismo en las elecciones generales de 2025.
El caso ha desatado reacciones divididas. Por un lado, sectores sociales y políticos critican la acusación, considerándola un intento de criminalizar la protesta ciudadana. Por otro, los detractores de Cuéllar defienden la medida judicial, argumentando que es necesario responsabilizar a quienes promovieron acciones que, según el oficialismo, afectaron la estabilidad del país.
La imputación contra Cuéllar abre interrogantes sobre el manejo judicial de los líderes sociales y políticos en Bolivia, así como sobre las consecuencias para la oposición en un escenario cada vez más polarizado. Mientras tanto, el rector enfrenta el desafío de equilibrar su defensa legal con sus aspiraciones políticas, en medio de un contexto marcado por el debate sobre los límites entre la protesta y el respeto al orden constitucional.
