El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia emitió una sentencia en noviembre de 2024, declarando inconstitucional el actual procedimiento para los juicios de responsabilidades. Según el fallo, es incompatible con la Constitución que estos procesos se lleven a cabo en una sola instancia y sin posibilidad de apelación, como sucede en la actualidad.
La resolución ordena a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) reformar la normativa vigente en un plazo máximo de seis meses. La nueva ley deberá establecer la conformación de un tribunal de primera instancia y un mecanismo efectivo de apelación. Además, el TCP dispuso que las causas actualmente en curso continuarán desde el estado en el que se encuentren, sin que esto implique retrocesos en los procedimientos ya avanzados.
El fallo del TCP se fundamenta en la vulneración de derechos fundamentales consagrados en el sistema interamericano de justicia, al cual Bolivia está adherida. Actualmente, el Tribunal Supremo de Justicia actúa como única instancia en los juicios de responsabilidades, dejando a las partes involucradas sin recursos adicionales para apelar.
La sentencia fue suscrita en sala plena por la magistrada relatora Karem Lorena Gallardo y respaldada por sus colegas Brígida Vargas, Georgina Amusquivar, Isidora Jiménez, René Espada y Gonzalo Hurtado, quienes emitieron votos aclaratorios. En contraste, los magistrados Petronilo Flores, Julia Cornejo y Paul Franco votaron en disidencia.
La acción de inconstitucionalidad que originó el fallo fue presentada de oficio por magistrados y exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos Ricardo Torres Echalar, José Antonio Revilla Martínez y Marco Ernesto Jaimes Molina, entre otros.
Este fallo representa un hito para el sistema judicial boliviano al garantizar el derecho a la doble instancia en los juicios de responsabilidades. La medida busca fortalecer la transparencia, la equidad procesal y el alineamiento con los estándares internacionales de derechos humanos.