Los alcaldes de las nueve capitales del país y de la ciudad de El Alto, integrantes de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), han solicitado al presidente Luis Arce que aplique medidas severas para poner fin a los bloqueos de caminos impulsados por el expresidente Evo Morales. Los ediles sostienen que estos bloqueos no solo responden a intereses políticos, sino que están afectando gravemente la economía de los municipios y del país en su conjunto.
En una reunión de más de cuatro horas celebrada en la Casa Grande del Pueblo, los alcaldes pidieron “mano dura” y que el Gobierno intervenga en los bloqueos que, según afirman, buscan forzar la candidatura de Morales y detener los procesos judiciales en su contra, entre ellos uno por una presunta relación con una menor de edad. El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, informó que los alcaldes hicieron énfasis en la necesidad de que el Ejecutivo haga cumplir la Constitución y garantice la libre circulación.
El impacto económico de los bloqueos
La preocupación de los alcaldes se centra en el impacto económico que los bloqueos están generando en sus municipios. La coparticipación tributaria, principal fuente de ingresos para las alcaldías, depende directamente del movimiento económico. En el caso de Cochabamba, una de las regiones más afectadas, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) estimó una pérdida de Bs 220 millones en tan solo cuatro días de bloqueo.
El bloqueo comenzó el 14 de octubre, en medio de la investigación abierta contra Morales por presuntos delitos de estupro y trata de personas. Morales está acusado de haber mantenido una relación con una menor de 15 años en 2015, con quien habría tenido una hija.
Dimensión política del conflicto
El carácter político del bloqueo ha sido reconocido por el propio senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, quien admitió que la medida de presión podría ser levantada si el Gobierno accede a anular los procesos judiciales contra Morales. “Hoy puede terminarse el bloqueo, ¿Qué le cuesta al Gobierno levantar todos los procesos penales?”, declaró Loza en conferencia de prensa, aunque posteriormente se retractó y acusó a los medios de tergiversar sus palabras.
Llamado de los alcaldes a aplicar la ley
El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, se pronunció de manera contundente en contra de los bloqueos, señalando que estos han afectado gravemente la economía de su departamento. “Es un tema muy duro. Vaya a ver el desabastecimiento de combustible en Santa Cruz, son filas interminables para gasolina y diésel, los productores están perdiendo su producción, se están muriendo los animales”, afirmó Fernández, exigiendo que el Gobierno garantice la libre circulación y restablezca el suministro de productos esenciales.
El viceministro Ruiz reiteró que el bloqueo es producto de “aspiraciones políticas” y subrayó que sus consecuencias están afectando no solo al Gobierno, sino a la población boliviana en general y, en particular, a los municipios, cuyo desarrollo depende de un entorno económico estable y de libre circulación.