El Estado Plurinacional de Bolivia ha alcanzado un acuerdo de solución amistosa con los exmiembros del Ejército Guerrillero Tupaj Katari (EGTK), que incluye la indemnización de los herederos de Felipe Quispe “El Mallku”, María Raquel Gutiérrez Aguilar (expareja del exvicepresidente Álvaro García Linera) y otros beneficiarios. Este pacto, concretado en el marco del caso 12.528, compromete al Estado a realizar una compensación económica a un total de nueve personas.
El Decreto Supremo 5238, aprobado el 2 de octubre por el presidente Luis Arce y su gabinete, establece que cada beneficiario recibirá 278.400 bolivianos, como parte de la reparación económica acordada. El decreto tiene como propósito “dar cumplimiento al compromiso asumido por el Estado Plurinacional de Bolivia en el Acuerdo de Solución Amistosa Caso 12.528”, firmado el 20 de agosto de 2024.
Beneficiarios del acuerdo
Los beneficiarios incluyen tanto a exmiembros directos del EGTK como a herederos de aquellos que ya fallecieron. La lista de personas mencionadas en el decreto incluye a María Raquel Gutiérrez Aguilar, Víctor Ortiz Quispe, Silverio Maidana Macías, Macario Tola Cárdenas, Santiago Yanique Apaza, Juan Carlos Octavio Pinto Quintanilla, Felipe Quispe Huanca (a través de sus herederos), Alejandro Choque y Mario Apaza Bautista. Cabe destacar que tanto Gutiérrez Aguilar como Quispe fueron figuras prominentes del EGTK durante los años 90.
Detalles del pago y proceso
El decreto autoriza los recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) para que la Procuraduría General del Estado ejecute los pagos correspondientes. Este organismo, encargado de la defensa extrajudicial del Estado, será responsable de cumplir con lo pactado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del Acuerdo de Solución Amistosa. La Ley N° 1431, de mayo de 2022, establece que la Procuraduría debe llevar a cabo estos pagos, conforme al compromiso asumido.
Exclusiones notables
Uno de los puntos más destacados del acuerdo es la exclusión de algunas figuras históricas del caso EGTK. Ni el exvicepresidente Álvaro García Linera ni Silvia de Alarcón Chumacero, ambos detenidos en su momento por su vinculación con el grupo, aparecen en la lista de beneficiarios. Esto ha generado comentarios sobre las decisiones detrás del acuerdo y su enfoque en ciertos actores del conflicto.
Implicaciones
El acuerdo con los exmiembros del EGTK marca un paso significativo en el reconocimiento de las responsabilidades estatales en conflictos pasados. Aunque se ha acordado una compensación económica, este caso podría reabrir debates sobre los eventos ocurridos durante la década de 1990 y las implicaciones de las acciones del EGTK en la historia reciente de Bolivia. La decisión de excluir a figuras como García Linera añade una capa adicional de complejidad a la percepción pública del acuerdo.
Este proceso de indemnización subraya el esfuerzo del Estado boliviano por cumplir con sus compromisos internacionales en derechos humanos, específicamente en lo que respecta a las reparaciones por violaciones a los derechos fundamentales de aquellos que fueron parte del EGTK o sus herederos.