El Gobierno desahució este miércoles la posibilidad de que el presidente Luis Arce apruebe una ley de amnistía, como exige el cabildo nacional realizado el miércoles, para beneficiar a los procesados por el conflicto político social y masacres de 2019, porque iría en contra de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
La posición fue expresada por la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, quien recordó que el GIEI, formado y enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigó y elaboró un informe con recomendaciones sobre los hechos de violencia y muerte ocurridos antes, durante y después de la crisis de 2019.
“La recomendación 10 del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice expresamente la inaplicabilidad de normas que tengan que ver con la amnistía, más aún si se refieren a temas de derechos humanos”, aseguró Alcón.
Precisamente en el punto 10 de las 36 recomendaciones realizadas por el GIEI señala que se debe “garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones de los derechos humanos”.
La petición de amnistía fue planteada en cabildos realizados el miércoles en ciudades capitales de Bolivia, como parte del intento de articulación del movimiento cívico cruceño para lograr la libertad del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien está encarcelado de forma preventiva en el penal de Chonchocoro por el caso “golpe de Estado I”.
En el cabildo de Santa Cruz se dio un plazo de 30 días para que el Gobierno “instruya y viabilice la aprobación de una Ley de Amnistía” que “determine la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho”. En caso de no obtener una respuesta, advirtió con “impulsar activamente un proceso constitucional para revocar el mandato del presidente”.
Alcón afirmó que con esa advertencia se pone en evidencia el interés de los cívicos de dejar en la impunidad a los protagonistas de la crisis de 2019 y de la violación de derechos humanos, además del plan para “acortar el mandato del presidente”.