El presidente Luis Arce Catacora condenó “enérgicamente” este domingo el asalto al Congreso, Palacio y Tribunal Supremo de Brasil por parte de grupos antidemocráticos y afirmó que “los fascistas siempre buscarán tomar por la fuerza lo que no lograron en las urnas”.
“Condenamos enérgicamente el asalto al Congreso, Palacio y Tribunal Supremo de Brasil por parte de grupos antidemocráticos. Los fascistas siempre buscarán tomar por la fuerza lo que no lograron en las urnas. Nuestra solidaridad con el pueblo brasileño y el presidente Lula”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.
De igual manera, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia rechazó las “acciones violentas” en contra de las instituciones democráticas de la República Federativa del Brasil y reiteró “el apoyo al hermano pueblo del Brasil y a su presidente Lula da Silva, democráticamente electo en las urnas”.
A su vez, por su cuenta de Twitter, el canciller Rogelio Mayta expresó toda “la solidaridad al gobierno democráticamente electo del presidente Lula”.
Señaló, además, que “hoy nuestra Latinoamérica tiene el reto de defender nuestras democracias impidiendo que triunfen los discursos de odio, las soluciones por la violencia fratricida, y las acciones anti democráticas”.
De acuerdo con reportes de medios internacionales, cientos de seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro tomaron este domingo el Congreso, el Tribunal Suprema de Justicia y el Palacio de Planalto de Brasil, en medio de una manifestación que reclamaba una intervención militar para derrocar al presidente Luis Inácio Lula da Silva, una semana después de su posesión.
El grupo que invadió el Congreso, que defiende tesis golpistas, superó una barrera policial y subió la rampa que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de los Diputados y del Senado.
Afuera, en la explanada del edificio, la policía intentó dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos.
Los manifestantes ocuparon el techo, pero también los jardines adyacentes, incluido el del Palacio presidencial de Planalto.
Los seguidores más radicales del expresidente de ultraderecha destruyeron barreras de protección y armados con palos enfrentaron a los agentes que intentaron contener, sin éxito, la entrada de los manifestantes.
En sus primeras declaraciones, el presidente de Brasil aseguró que se averiguará “a quiénes financiaron a estos vándalos” y afirmó que “pagarán con la fuerza de la ley”, reportó Clarín.
“Esa gente que llamamos fascista invadió el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Palacio del Planalto”, comenzó diciendo Lula da Silva y añadió: “Todas las personas que hicieron esto serán encontradas y castigadas. No hay precedente en la historia de nuestro país, lo que hizo esta gente”.
“Hubo mala fe, mala voluntad. Los policías militares estaban guiando a los vándalos. Los policías que participaron en esto no pueden quedar impunes”, aseguró Lula.
El hecho fue condenado por varios jefes de Estados y bloques de integración como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que además expresó su respaldo al Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ante lo que consideró acciones desestabilizadoras de grupos opositores.
En tanto, el mandatario de Brasil decretó la intervención del Distrito Federal de Brasilia hasta el 31 de enero de 2023. La intervención se limitará al ámbito de la seguridad pública.
Lula, quien estaba de visita en el interior del estado de Sao Paulo cuando se registraron los hechos, nombró como interventor a Ricardo Capelli, secretario general del Ministerio de Justicia, quien será el responsable de toda el área de Seguridad en la capital y estará subordinado directamente al presidente.
Las autoridades brasileñas han informado de que han sido detenidas 30 personas tras el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado.
Los sospechosos quedan a hora pendientes de una audiencia de custodia que decida sobre su detención definitiva, según informa la cadena de televisión brasileña O Globo.
Los detenidos se encuentran en dependencias de la Policía Civil del Distrito Federal, concretamente en el Departamento de Policía Especializada, donde se espera la llegada de más sospechosos.
La mayoría están siendo arrestadas por el Artículo 359-M del Código Penal, que prevé entre 4 y 12 años de prisión por “tentativa de destitución de un gobierno legítimamente electo”, reportó Infobae.